Funcionarios de la Unidad de Víctimas denunciaron ante Gustavo Petro derroche y nepotismo en la entidad

Por medio de una carta de funcionarios y contratistas de la Unidad de Víctimas se conoció la inconformidad que muchos tienen con la dirección de Lilia Solano de la entidad que trabaja de la mano con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Solano tomó posesión en julio de 2024.

En la misiva enviada al presidente Gustavo Petro se denuncia derroche de dinero en eventos e imagen para los mismos y nepotismo en la entidad. Según inicia este mensaje, “desde hace por los menos 6 años no se veía una amenaza tan grave para la gestión institucional”.

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Por lo que se puede leer en la carta, el manejo que se está dando en Talento Humano no es el correcto, puesto que diferentes funcionarios “clave en las actividades de cumplimiento legal, así como en los puntos más técnicos de los procesos de atención a víctimas” han sido reemplazados por familiares y amigos de congresistas que no tienen el conocimiento técnico en los procesos que lleva a cabo la entidad, “Es apenas uno de los puntos sobre cómo se está desvalijando la entidad”.

Además, muchos de los funcionarios tienen que responder a llamados de sus superiores en horas fuera del horario laboral, la misiva indica que los mismos deben atender “solicitudes de sus jefes en la madrugada o en altas horas de la noche, domingos y festivos, incluso, con permisos de descansos”.

Derroche en la administración de Solano

Sin embargo, esta no es la única denuncia. En la carta también se menciona que la directora de la entidad en cuestión estaría utilizando a las víctimas del conflicto armado para “vanagloriar su propio nombre”: “Las víctimas han pasado a ser un artículo de decoración para las actividades que la nueva directora organiza”, se lee. A lo anterior se suma que utilizó una imagen creada por ella cuando fungió como viceministra del Interior, la cual sería la general de los proyectos llevados a cabo desde su llegada a la Unidad de Víctimas.

Una fuente indicó a Infobae Colombia que la unidad debió volver a imprimir pendones y diferentes objetos de publicidad luego de que ella propusiera el cambio de imagen en la entidad, algo que estaría en contra de la ley 2345 de 2024, que prohíbe el cambio de imágenes en organismos para ahorrar dinero ante la crisis económica que atraviesa el país y que el propio Petro firmó.

Por esta razón, los trabajadores solicitaron “revisar los entes de control los miles de millones de pesos que se han gastado y que han debido ser utilizados en la reparación a las víctimas”, se lee en el escrito.

Finalmente, la carta concluye que los procesos de cumplimiento “se han cambiado o desaparecido en pos de un enfoque político”, donde la directora Solano estaría utilizando un doble discurso para desinformar a las víctimas, prometiendo cosas que no se pueden cumplir.

Es importante mencionar que, medios regionales han mencionado que la mala gestión se ve también reflejada en el retorno del pueblo emberá a su espacio de vivienda. Según Elturbión.com, a las familias que estuvieron durante meses en el Parque Nacional se les entregó un bono de $ 754.000 luego de transportarlos de la capital a territorio ancestral. Cabe aclarar que la entrega de bonos de ayuda se darían cada 4 meses. Sin embargo, Ramón Rodríguez, exdirector de la unidad, afirmó que, “aunque se garantizó el traslado y la atención humanitaria, persisten desafíos en la implementación de proyectos productivos que permitan un retorno sostenible”.