En medio de una preocupante ola de amenazas contra los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), funcionarios de distintas cárceles del país han señalado su inconformidad con las recientes declaraciones de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien les pidió “autoprotección” como medida ante la inseguridad que enfrentan.
El caso más reciente ocurrió en la cárcel La Dorada, Caldas, donde un video difundido por encapuchados armados contenía amenazas directas contra el comandante de vigilancia, Juan Camilo López Sepúlveda, y otros funcionarios.
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En el video, los hombres exigen el traslado del capitán en un plazo de 32 horas, advirtiendo: “Ustedes creen que porque tienen un uniforme no se les puede hacer nada; están muy equivocados”.
La situación en La Dorada no es aislada. En la cárcel de mujeres El Buen Pastor, ubicada en Bogotá, también se han reportado amenazas contra el personal. Un documento firmado por el dragoneante José Fernando Melgarejo, coordinador de transportes del Inpec, advierte sobre riesgos inminentes, aunque no detalla la naturaleza de las intimidaciones.
A pesar de estas amenazas, la ministra Buitrago, durante su intervención en el III Congreso Internacional y Conversatorio Nacional de Ejecución de Penas en Barranquilla, instó a los guardianes a extremar sus medidas de seguridad y practicar la “autoprotección”. Estas declaraciones generaron fuertes reacciones entre los trabajadores del Inpec.
El dragoneante Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, expresó su rechazo a los comentarios de la ministra, calificándolos de insensibles: “
Rechazamos este tipo de declaraciones de la doctora Ángela María Buitrago, la cual se ha mostrado indolente con el problema de seguridad (...). Solicitamos al doctor Petro que nos atienda, ya que en el gobierno ‘Potencia mundial de la vida’ no puede estar ocurriendo una masacre sistemática en contra de los trabajadores del Inpec”.
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Las cifras respaldan la gravedad de la situación. Desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, 23 funcionarios del Inpec han perdido la vida en circunstancias relacionadas con su labor.
Esta cifra, sumada a la falta de garantías de seguridad, ha desatado críticas contra el Gobierno por la aparente desprotección hacia los guardias.
Los trabajadores han enfatizado que el riesgo que enfrentan diariamente requiere respuestas concretas y no declaraciones que los dejan a su suerte.
Por ello, los llamados al presidente Petro buscan no solo atención inmediata, sino una estrategia efectiva para garantizar la protección de los funcionarios encargados de custodiar los centros penitenciarios del país.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los guardias, quienes continúan realizando su labor en un ambiente cada vez más hostil, sin sentir el respaldo necesario de las autoridades nacionales.
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