Cielo Rusinque defiende la intervención a la Registraduría: “No son investigaciones contra el registrador”

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia imputó cargos a nueve funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil por presuntamente no entregar información relacionada con una investigación sobre contratos con la firma Thomas Greg. Según Cielo Rusinque, superintendente de la SIC, el objetivo es determinar si hubo violaciones al régimen de libre competencia en dichos contratos.

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Rusinque explicó, en una entrevista para El Tiempo, que la investigación se centra en contratos que han favorecido a un único oferente durante más de una década, a pesar de la existencia de otras opciones en el mercado. La funcionaria defendió la legalidad del proceso, afirmando que se da dentro de las competencias de la SIC y no representa una extralimitación de funciones, como han señalado algunos críticos, incluidos cinco exprocuradores generales de la Nación.

La SIC ha realizado visitas administrativas a diversas entidades públicas, como alcaldías y la Fiscalía, para investigar posibles irregularidades. En el caso de la Registraduría, se solicitó acceso a correos electrónicos oficiales y a un teléfono utilizado para manejar información contractual. Rusinque aclaró que no se realizaron allanamientos ni se decomisaron dispositivos, y que el acceso a la información se realizó siguiendo protocolos que garantizan la confidencialidad y la legalidad.

“Esta imputación de cargos es como un mini proceso dentro del gran proceso que estamos adelantando por una serie de denuncias que han sido presentadas a la Superintendencia desde 2019 --que también han sido públicas y de las que los medios de comunicación también han hablado-- y que han dado cuenta de eventuales violaciones al régimen de la libre competencia en la contratación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, como consecuencia de lo cual desde hace más de 10 años hay un único oferente que se ha visto favorecido a pesar de que existen en el mercado otras posibilidades que brindan esa prestación del servicio”, dijo Rusinque.

La investigación de la SIC también abarca la protección de datos personales, con requerimientos a la Registraduría para verificar posibles violaciones en la seguridad de los datos de los colombianos. La entidad ha sido reticente a facilitar información, argumentando que corresponde a la Fiscalía adelantar las indagaciones.

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra los funcionarios de la SIC que realizaron las visitas, alegando posibles irregularidades y abuso de poder. Rusinque ha instado a los funcionarios a cooperar con los organismos de control y a ejercer su derecho a la defensa.

Rusinque aseguró que todo se hizo cobijados por la ley y por petición de la Registraduría. “Aquí ha habido muchísima desinformación. Lo primero, que si tenemos competencia o no, estas visitas incluso fueron a solicitud de la Registraduría, fueron acompañadas por la Procuraduría General de la Nación. No es la primera vez que se adelanta: de hecho, ese debate ya está zanjado. Es algo que han dicho y de alguna manera han ratificado anteriores exsuperintendentes. Evidentemente tenemos la facultad para adelantar este tipo de actuaciones administrativas, estas visitas administrativas, y la competencia para investigar agentes, trátese que sean públicos o privados”, señaló.

Además, aseguró que no es cierto que la Registraduría les haya entregado toda la información. “Lo que está diciendo el señor registrador es que a nosotros ya nos entregaron toda la información. Eso no es cierto. Entre otras cosas porque para una investigación de esta envergadura, pues uno no puede dejar que sea el indagado el que discrecionalmente disponga qué entrega y qué no. Si nosotros solicitamos unos elementos puntuales es porque consideramos que por reglas de la experiencia y por lo que ha arrojado siempre la tradición de esta Superintendencia, es en este tipo de comunicaciones donde podemos encontrar los elementos que nos permitan comprobar o no la eventual comisión de conductas que violan el régimen legal de la libre competencia.

En cuanto a la empresa Thomas Greg, la SIC está investigando denuncias sobre su posición como único oferente en procesos de contratación con la Registraduría. Además, se están examinando posibles violaciones al régimen de protección de datos personales por parte de empresas privadas con acceso a información sensible.

“Estamos haciendo esta indagación preliminar en cuanto a esas denuncias formales que tenemos, ya que a través de los años (Thomas Greg) ha sido el único oferente o beneficiario, sea directamente, sea a través de esta figura de la unión temporal en este tipo de procesos como los que se adelantan allí en la Registraduría, a pesar de que existen en el mercado otros agentes que estarían en la capacidad de poder brindar este tipo de servicios”, aseguró la funcionaria.

Rusinque rechazó las acusaciones de que las acciones de la SIC representan una persecución política, especialmente en un año previo a las elecciones. Afirmó que las investigaciones se realizan en el marco de las competencias legales de la Superintendencia y no tienen incidencia en la misión de la Registraduría ni en los procesos electorales.