
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha iniciado la elaboración de un documento de política pública para proporcionar soluciones duraderas a la población desplazada internamente en Colombia, según información conocida por la emisora colombiana W Radio.
Con este documento, conocido como CONPES, el Gobierno busca implementar estrategias efectivas que brinden respuestas a corto, mediano y largo plazo, no solo para los desplazados, sino también para las comunidades que los acogen en las distintas regiones del país donde deciden asentarse, reubicarse o integrarse de forma voluntaria.
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El objetivo principal de esta política es “fortalecer la coordinación y articulación de la respuesta interinstitucional, así como su coherencia con las políticas sectoriales y territoriales tanto en zonas rurales como urbanas; fortalecer la respuesta institucional bajo el enfoque de Soluciones Duraderas, incorporando estrategias de acompañamiento sostenibles; y fortalecer las capacidades sociales y los entornos comunitarios en los procesos de retorno, reubicación e integración local”, señalaron desde el DNP.
Actualmente, en el país existen aproximadamente 8.5 millones de víctimas de desplazamiento forzado interno, una cifra que representa casi el 20% de la población colombiana, evidenciando la magnitud de este fenómeno en la nación.
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Como parte del proceso de creación del documento de política pública, se contempla la participación de las personas desplazadas, quienes podrán contribuir a la construcción de este CONPES. Esta iniciativa no solo abordará soluciones para los afectados, sino también el desarrollo de capacidades en las comunidades receptoras, quienes juegan un papel clave en la integración social de los desplazados en sus territorios.
Cifras de desplazamiento y confinamiento en Colombia reveladas por la ONU
Un informe publicado por la oficina para la coordinación de asuntos humanitarios de la ONU, Ocha, mostró la difícil situación humanitaria que se vivió en Colombia durante el primer semestre del presente año. En el documento se advierte que, en promedio, cada dos días se registra un caso de desplazamiento o confinamiento en el país, y aseguran que el Pacífico colombiano continúa siendo la zona más afectada.
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“A julio de 2024, más de 183.400 personas han sido víctimas por confinamiento y desplazamiento forzado (individual y masivo). Las principales causas de las emergencias están relacionadas con los enfrentamientos entre actores armados no estatales, amenazas perpetradas por estos en contra de la población civil y combates entre la fuerza pública y los actores armados no estatales”, se lee en el informe.

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Y es que durante los primeros siete meses de 2024, de enero a julio, se evidenció un aumento significativo en los caos de desplazamientos y confinamientos en Colombia, en comparación con el mismo periodo del 2023. Al rededor de 121.000 personas fueron desplazadas, lo que representa un aumento del 30% con respecto al año anterior.
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“Más de 71.000 personas han sido víctimas de confinamiento, lo que representa un aumento del 39 %. Los departamentos más impactados por ambas afectaciones incluyen Chocó, Nariño, Cauca, Antioquia, Putumayo, Bolívar y La Guajira. Las emergencias masivas han afectado desproporcionalmente a las comunidades étnicas en Colombia. De las víctimas de confinamiento y desplazamiento masivo, el 50 % de los afectados son miembros de pueblos indígenas o comunidades afrocolombianas”, advierte la entidad.
Uno de los destinos preferidos de las personas desplazadas por el conflicto armado es la ciudad de Neiva. De acuerdo con cifras oficiales, más de 100.000 personas han llegado a la ciudad buscando refugio y protección en los últimos años. La Secretaría de Paz y Derechos Humanos de la capital del Huila aseguró que en lo que va del año se han registrado 335 nuevas familias desplazadas, lo cual representa un total de 916 personas. La mayoría de estos desplazamientos se han producido por amenazas a la vida y a la integridad personal.
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Según Caracol Radio, Jorge Lozano, secretario de Paz y Derechos Humanos de la ciudad, afirmó que “Neiva es el municipio del sur del país que más recibe a víctimas de desplazamiento forzado”, y agregó que “esta situación nos obliga a redoblar esfuerzos para garantizar la atención y protección de estas personas”.
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