Revelan cómo habría operado supuesta red de espionaje desde la DNI de Petro: posibles infiltraciones en el CNE, la UNP y la Contraloría

Una presunta red de espionaje habría operado desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el Gobierno de Gustavo Petro, con posibles infiltraciones en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Contraloría General de la República. La estructura habría buscado acceder a información reservada de organismos estatales y obtener datos sobre dirigentes políticos de oposición.

La revelación fue publicada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, que aseguró haber accedido a documentos clasificados sobre un supuesto operativo de inteligencia que habría tenido entre sus objetivos afectar las elecciones presidenciales y vigilar a contradictores del entonces Gobierno.

Uno de los nombres que aparece en la investigación es el de Carlos Andrés Oyola Tovar, un ingeniero de sistemas de 36 años capturado el 6 de noviembre por su presunta participación en el acceso abusivo a una plataforma de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), en la que se habrían alterado resultados y calificaciones.

El caso tomó otra dimensión por los antecedentes de Oyola en la DNI y los contratos que obtuvo su hermano gemelo, Cristian, en dos de las entidades mencionadas en los documentos: el CNE y la UNP.

Las presuntas infiltraciones en el CNE, la UNP y la Contraloría

Según la información conocida por el medio, el supuesto esquema habría contemplado la presencia de personas vinculadas a organismos estratégicos para acceder a información institucional.

Entre las dependencias mencionadas está la delegada para el sector Defensa y Seguridad de la Contraloría, que tiene acceso a contratos, convenios y documentación del Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

Fuentes de la DNI consultadas por el diario señalaron que la información que se habría buscado obtener incluía datos sobre reuniones con estructuras criminales, cabecillas recluidos en cárceles, pruebas de polígrafo a oficiales, empresas fachada de inteligencia y procesos de contratación.

En este contexto aparece Carlos Oyola, quien se desempeñó como asesor de la oficina de tecnología de la DNI. De acuerdo con las fuentes citadas, habría tenido la misión de habilitar una plataforma que concentrara información de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia, lo que le habría permitido acceder a datos de seguridad nacional.

La investigación también reconstruyó su trayectoria dentro de la entidad. Oyola ingresó al entorno político del petrismo como testigo electoral voluntario durante la campaña presidencial de 2018. Posteriormente, fue vinculado a la DNI durante la dirección de Manuel Casanova Guzmán y permaneció en la institución durante la administración de Carlos Ramón González.

Una fuente humana mencionada en los documentos le atribuyó una supuesta misión para alterar resultados electorales y afectar al entonces candidato y ahora presidente Abelardo de la Espriella. Sin embargo, su abogado manifestó que la Fiscalía no le había notificado ninguna investigación contra su cliente por presunto espionaje o sabotaje electoral.

El hermano de Oyola tuvo contratos con el CNE y la UNP

Otro de los elementos documentados por el medio corresponde a Cristian Oyola, hermano gemelo de Carlos, quien tuvo vínculos contractuales con el Consejo Nacional Electoral y la Unidad Nacional de Protección.

En marzo de 2023 fue contratado como auxiliar administrativo en el despacho de la entonces magistrada del CNE Fabiola Márquez, cargo que ocupó durante tres meses.

Sin embargo, su nombre apareció nuevamente en registros de ingreso a la Registraduría. Según documentos conocidos por el diario, el 13 de febrero pasado asistió a una reunión sobre componentes electorales para las elecciones al Congreso de 2026, después de que se autorizara su ingreso mediante un correo enviado a nombre de Márquez.

En el encuentro se abordaron asuntos relacionados con el software de escrutinio, la asignación de jurados de votación y la auditoría del código fuente.

“En la reunión se dieron detalles del software de escrutinio, las reglas para el sorteo y asignación de jurados de votación en primera vuelta presidencial y el plan de auditoría del código fuente”, explicó uno de los funcionarios asistentes.

Un mes antes, Cristian había sido vinculado a la UNP como desarrollador junior para inteligencia artificial. Esta entidad también aparece en los documentos relacionados con el supuesto operativo de espionaje.

El diario señaló que la otrora magistrada Fabiola Márquez no respondió los mensajes enviados para conocer su versión sobre la contratación de Cristian Oyola y la autorización de su ingreso a la Registraduría.

El dron de $9.000 millones y la sede de la DNI en Funza

La investigación también encontró una conexión empresarial entre la compra de un dron para la DNI y la construcción de una sede reservada de la entidad en Funza, Cundinamarca.

El avión no tripulado fue negociado por $9.000 millones mediante la empresa Prime Comercializadora SAS. Según funcionarios de la DNI consultados, el negocio habría presentado millonarios sobrecostos y el aparato terminó siniestrado en el Catatumbo.

El diario estableció que Juan Carlos Eraso Chaves, accionista mayoritario de Prime Comercializadora SAS, también aparece como accionista de Supreme Construcciones SAS, compañía encargada de la segunda fase del denominado edificio F10, cuyo contrato asciende a $18.000 millones.

La investigación también mencionó a Adriana Benavides Rivera, quien fue directora institucional de la DNI durante la administración de Casanova y es cercana a Jorge Lemus. Funcionarios de la entidad de la anterior administración solicitaron establecer si existen conexiones entre los responsables de los contratos y antiguos directivos.

Sobre la construcción de la sede, el medio El Expediente había informado que el contrato tuvo ocho modificaciones y que la interventoría calculaba un avance del 88%.

Eraso Chaves pidió que cualquier publicación sobre su participación se limitara a hechos verificados. Uno de sus socios aseguró que la obra sería entregada próximamente y defendió la experiencia de la compañía para ejecutar el contrato.

Operación Grecia y denuncias por espionaje a la oposición

Los señalamientos sobre posibles operaciones de vigilancia contra opositores tienen antecedentes en las denuncias presentadas antes de las elecciones presidenciales de 2026.

En abril de ese año, el entonces candidato presidencial David Luna solicitó a la DNI y a la UNP información sobre la denominada operación Grecia, que estaría orientada a intervenir ilegalmente las comunicaciones de integrantes de la oposición.

Las sospechas también apuntaban a posibles infiltraciones de personas en las campañas y a intentos de acceder a los sistemas informáticos de la Registraduría.

Por su parte, Paloma Valencia anunció que solicitaría ser reconocida como víctima en las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la DNI. La excandidata aseguró que la supuesta infiltración de su campaña por parte de un organismo de inteligencia estatal debía ser investigada.

A estas denuncias se sumaron las acciones de líderes conservadores y del abogado penalista Jaime Lombana, quienes acudieron a la Comisión de Acusación de la Cámara para denunciar al entonces presidente Gustavo Petro por presunta perturbación del certamen democrático y concierto para delinquir.

Frente a los señalamientos, el abogado del expresidente, Alejandro Carranza, manifestó al medio que veía con buenos ojos las denuncias relacionadas con los supuestos ataques a la democracia. También indicó que habían presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el registrador nacional, Hernán Penagos, por presuntas irregularidades en las elecciones anteriores.

Entretanto, el último director de la DNI durante el Gobierno Petro, René Guarín, remitió información sobre Oyola a la Fiscalía y documentación adicional a la Procuraduría y la Contraloría para que se revisaran otros asuntos relacionados con la entidad.

Entre los elementos que están siendo verificados figura un organigrama que circula en medios y en el que aparecen, además de Oyola, Xavier Vendrell, Andrés Gamero y Manel Grau.

Por ahora, Oyola permanece privado de la libertad por el proceso relacionado con la plataforma de la Unad. Las autoridades deberán establecer si los documentos y demás elementos remitidos dan lugar a nuevas investigaciones por los presuntos hechos relacionados con operaciones de inteligencia e infiltración institucional.