Presidente de la JEP reveló qué pasará con 9.000 militares y 2.000 exguerrilleros tras recorte de $170.000 millones

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá que ajustar su funcionamiento tras el recorte de 170.000 millones de pesos en su presupuesto para la próxima vigencia. La reducción de recursos coincide con el trabajo que tiene pendiente la entidad para resolver la situación jurídica de miles de comparecientes, entre ellos cerca de 9.000 integrantes de la Fuerza Pública y 2.000 antiguos miembros de las Farc que han solicitado beneficios dentro del sistema de justicia transicional.

En entrevista con Cambio, el presidente de la JEP, Danilo Rojas, explicó cuáles son las tareas pendientes de la jurisdicción y las medidas que adoptará para afrontar la disminución presupuestal. El magistrado señaló que, pese a los ajustes, la entidad deberá mantener sus funciones judiciales, entre ellas los procesos contra los máximos responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado y la definición de la situación jurídica de quienes no tienen esa condición.

“Vamos a hacer ajustes muy severos, que en todo caso preservan el núcleo esencial de funcionamiento de la JEP”, afirmó Rojas durante la conversación con el medio.

JEP debe resolver la situación jurídica de 9.000 militares y 2.000 exguerrilleros

El presidente de la jurisdicción explicó que la JEP tiene como funciones principales: investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, y resolver la situación jurídica de los demás integrantes de los grupos involucrados en la guerra.

En el caso de la Fuerza Pública, Rojas indicó que cerca de 9.000 militares de rangos medios y bajos están pendientes de una decisión individual. Se trata de comparecientes que no son considerados máximos responsables y cuya situación debe definirse mediante los mecanismos previstos en el sistema.

“Nueve mil militares que no son máximos responsables y hay que resolver la situación uno a uno”, explicó el magistrado al referirse a la cantidad de personas que requieren acompañamiento jurídico.

Uno de los mecanismos contemplados para estos integrantes de la Fuerza Pública es la renuncia a la persecución penal, una decisión que, según explicó Rojas, tiene efectos equivalentes a los de una amnistía. Hasta el momento de la entrevista, la JEP había concedido cerca de 1.100 renuncias a la persecución penal a militares.

En cuanto a los antiguos integrantes de las Farc, el presidente de la jurisdicción señaló que hay por lo menos 2.000 solicitantes de amnistía. También indicó que la JEP ha resuelto alrededor de 1.000 solicitudes de este beneficio.

El magistrado diferenció estos procedimientos de los procesos contra los máximos responsables, que se adelantan mediante investigaciones y macrocasos. En estos últimos se busca establecer las responsabilidades por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto.

Recorte presupuestal obligará a la JEP a trasladar su sede

Uno de los principales cambios anunciados por Rojas es el traslado de las instalaciones de la jurisdicción. La entidad dejará el edificio actual, de 15.000 metros cuadrados, para ocupar uno de 4.200 metros cuadrados.

De acuerdo con el magistrado, esta medida permitirá ahorrar cerca de 26.000 millones de pesos anuales. Sin embargo, la reducción del espacio también obligará a modificar la organización del trabajo, pues la JEP cuenta con aproximadamente 1.400 funcionarios de planta.

“Como el espacio es tan reducido, nos toca hacer un modelo de trabajo distinto, rotativo, porque no cabemos”, explicó Rojas.

La entidad también recurrirá a la virtualidad para desarrollar decisiones judiciales y otras labores de apoyo. El presidente de la JEP reconoció que este cambio representa un reto para las audiencias restaurativas, en las que víctimas y comparecientes pueden encontrarse presencialmente.

Durante la conversación, la periodista le preguntó por las dificultades que podría generar realizar estos encuentros mediante plataformas virtuales. Rojas reconoció que la experiencia es distinta y que la reducción del espacio físico afectará la forma en que se desarrollan algunas actividades.

JEP reducirá los esquemas de seguridad y espera acuerdos con el Gobierno

Otra de las medidas anunciadas está relacionada con los gastos de seguridad. Rojas indicó que la jurisdicción reducirá los esquemas de protección de los magistrados, aunque manifestó preocupación por las condiciones de los comparecientes que enfrentan amenazas.

“Lo que más nos preocupa es la reducción de esquemas a comparecientes que están muy amenazados”, afirmó.

El presidente de la JEP sostuvo que garantizar la protección de estas personas es responsabilidad del Gobierno y explicó que la entidad espera llegar a acuerdos con la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otras instancias gubernamentales para mantener las medidas necesarias.

Según señaló, la jurisdicción tiene previsto avanzar en esas conversaciones durante los meses siguientes, con el propósito de que los comparecientes amenazados no queden desprotegidos por los ajustes presupuestales.

Contratación de servicios tendrá una reducción de hasta 85%

La tercera medida anunciada por Danilo Rojas será disminuir entre 80% y 85% los contratos de prestación de servicios, lo que representaría un ahorro aproximado de 83.000 millones de pesos.

El magistrado explicó que buena parte de esa contratación está relacionada con actividades necesarias para el funcionamiento de la jurisdicción, como la defensa técnica de los comparecientes y el acompañamiento psicosocial a las víctimas.

“Vamos a reducir entre 80 y 85 por ciento la contratación”, señaló.

Sobre la defensa jurídica, indicó que la JEP cuenta con una planta de aproximadamente 20 personas para atender a cerca de 18.000 comparecientes. Por esa razón, la entidad necesita contratar abogados externos que permitan garantizar la representación de quienes participan en los procedimientos.

El recorte también tendrá consecuencias para el acompañamiento psicosocial de las víctimas. Rojas explicó que estos servicios son necesarios para preparar y atender a las personas que participan en los encuentros restaurativos con quienes cometieron los crímenes.

Ante la disminución de los contratos, la jurisdicción solicitó apoyo a la Defensoría del Pueblo, que cuenta con equipos de atención psicosocial en distintas sedes. Según el presidente de la JEP, la defensora Iris Marín manifestó su disposición para colaborar.

El magistrado agregó que la entidad tendrá que reorganizar algunos cargos de su planta de personal para cubrir parte de las actividades que dejarán de atenderse mediante contratos externos.

Danilo Rojas explicó hasta cuándo funcionará la JEP

El presidente de la jurisdicción también se refirió al plazo de funcionamiento de la JEP y a las propuestas que buscan reducir su duración hasta 2028.

Rojas explicó que la entidad tiene diez años para adelantar las investigaciones, contrastar la información, formular imputaciones y presentar acusaciones cuando corresponda. Ese periodo termina el 14 de marzo de 2028. Después contará con otros cinco años para desarrollar los juicios, por lo que el plazo establecido para su funcionamiento se extiende hasta 2033.

El magistrado cuestionó la posibilidad de eliminar ese periodo adicional y sostuvo que una modificación de ese tipo tendría dificultades jurídicas, debido a las disposiciones que establecieron los tiempos de funcionamiento de la jurisdicción.

“Si el acuerdo dice que son quince años y una norma constitucional dice que son quince años, pues este no es coherente con eso”, manifestó Rojas al explicar su posición frente a la propuesta.

También señaló que la JEP no tiene previsto solicitar una prórroga para continuar sus funciones más allá del plazo establecido. “No estamos fijando prórroga ni vamos a pedir prórroga. Vamos a cumplir el mandato”, afirmó.

En relación con los procesos contra integrantes de la Fuerza Pública, Rojas mencionó que hay 29 comparecientes militares de alto rango, entre ellos generales, cuyos casos se encuentran en etapa de investigación. Estos expedientes corresponden a los procedimientos contra posibles máximos responsables y son distintos de los trámites individuales de los 9.000 militares pendientes de definición jurídica.

El presidente de la JEP sostuvo que la jurisdicción se encuentra en su momento de mayor productividad, después de los aprendizajes acumulados durante sus primeros años de funcionamiento, y que trabaja para avanzar en las investigaciones y decisiones dentro del tiempo establecido.