Abogado de Santiago Uribe criticó a María José Pizarro por no aceptar su absolución: “Está en el lugar equivocado”

Luego de varios años de desarrollo de un proceso penal, Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, fue absuelto por su presunta participación en la conformación del grupo paramilitar Los 12 apóstoles. La decisión absolutoria estuvo basada en una “duda razonable” sobre su responsabilidad en los hechos delictivos, por lo que negó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de condenarlo por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

La determinación del juez Jaime Herrera Niño generó múltiples reacciones, varias de ellas a manera de respaldo al hermano del exmandatario, por parte de congresistas del partido Centro Democrático. Sin embargo, hay quienes rechazan el fallo de primera instancia. En el sitio web del Centro de Investigación y Acción para la Paz y los Derechos Humanos fue publicada una columna de opinión sobre el tema, redactada por Manuel Garzón Correa, en la que se exponen los hechos que vincularían a Santiago Uribe con los paramilitares.

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“Hay pruebas conducentes a establecer que el hermano del expresidente de Colombia estaría en la cúspide del proyecto paramilitar nacional, como un comandante de al menos la misma jerarquía de quienes estuvieron en el proceso de la ley 975 de 2005, y con mucho más poder político que cualquiera de ellos”, se lee en el texto.

La crítica de Jaime Granados a María José Pizarro: “Deben dar ejemplo”

La congresista María José Pizarro compartió la columna citando un apartado, lo que motivó al abogado Jaime Granados, apoderado de Santiago Uribe, a pronunciarse en su cuenta de X, donde cuestionó a la senadora del Pacto Histórico por no respetar los poderes públicos. Aseguró que todo servidor público, incluidos los congresistas, deben “dar ejemplo” y respetar las decisiones judiciales y no “incitar” al desacato de las mismas, excepto si están ligadas a acciones subversivas.

“Es deber de todos los ciudadanos, incluidos los congresistas, respetar las decisiones judiciales y no incitar a su desacato salvo que se tenga un espíritu subversivo”, señaló.

Asimismo, criticó el hecho de que estén surgiendo opiniones sobre el caso en redes sociales, en aras de “reemplazar” la decisión judicial en la opinión pública. Dicha información, además, va completamente en contra de lo que establece el fallo absolutorio que otorgó el juez de primera instancia a Santiago Uribe. “¿Así es como pretenden construir la verdad, a base de mentiras?”, preguntó Granados.

En consecuencia, aseguró que la congresista “está en el lugar equivocado”, argumentando que es en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) donde se puede dar todo tipo de declaraciones sin que esto implique, necesariamente, unas “consecuencias”. Por el contrario, ante la justicia ordinaria, bajo la cual Uribe fue absuelto de los cargos, los derechos son respectados, así como también la Constitución Política. “La justicia no se puede convertir en un carnaval”, indicó.

Añadió: “Expresiones de odio y opiniones que desinforman y persiguen a los inocentes parecen remembranzas del pasado. Las instituciones, la autoridad y la majestuosidad de la justicia superan su amnesia convenientemente selectiva”.

De acuerdo con el fallo del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar que el hermano del expresidente, en efecto, estuvo involucrado en la creación del grupo paramilitar. De hecho, fueron los errores que cometió el ente acusador en la presentación del caso en contra de Uribe los que llevaron al juez a determinar que había duda razonable que impedía declararlo culpable.

“Fueron evidentes los garrafales yerros cometidos por la Fiscalía General de la Nación frente al acontecer factual ya que, no continúo con la línea que adelantó en la diligencia de indagatoria en la resolución de acusación; aplicó por favorabilidad una disposición con un verbo que no existía; no determinó el tiempo ni el lugar de la ejecución de la conducta punible y confundió las figuras de intervención cambiándolas frente a este delito en tres oportunidades”, se lee en el fallo.