Fiscalía destapó presunta alianza criminal entre el Clan del Golfo y miembros de la fuerza pública en Chocó: hay siete capturados

La Fiscalía General de la Nación reveló una supuesta red de colaboración entre el Clan del Golfo y algunos integrantes de la fuerza pública en el departamento de Chocó.

A través de un comunicado, la entidad informó que la investigación, liderada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, culminó con la captura y judicialización de siete personas, incluidas dos infantes de marina en activo, por su presunta participación en actividades ilícitas junto a esta estructura criminal.

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Los capturados fueron presentados ante la justicia, donde un fiscal especializado les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Como resultado, un juez de control de garantías avaló la solicitud de imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Entre los implicados en esta supuesta alianza criminal figuran varios individuos clave en la estructura delictiva del Clan del Golfo y algunos miembros de la fuerza pública. Los detenidos incluyen a:

• José Albeiro Aguirre Aguirre, alias Luis, señalado cabecilla financiero de la subestructura Jairo de Jesús Durango Restrepo.
• Juan Diego Mosquera Saavedra, alias Pájaro, y Julián Arcenio Macías Cardona, alias Conejo, posibles articuladores de la subestructura Pacífico o Playas.
• Los infantes de marina Arlinton Morelo Correa y Fabián Mauricio Herrera Rendón.
• Román Antonio Rico García, alias RR, exintegrante de la Armada Nacional.

La Fiscalía señaló que el Clan del Golfo habría integrado a los uniformados procesados en su nómina ilegal, pagándoles hasta tres millones de pesos mensuales a cambio de información clave que permitiría a los cabecillas de la organización eludir las operaciones militares en la región y conseguir armamento, municiones y otros suministros.

Según la investigación, el exintegrante de la Armada Nacional, Román Antonio Rico García, alias RR, recibía una remuneración mensual de hasta diez millones de pesos a cambio de datos precisos sobre los movimientos y operativos de la fuerza pública. Gracias a esta colaboración, el Clan del Golfo habría logrado evadir varias veces la intervención de las autoridades en la zona.

Operativos y material incautado

Las capturas se llevaron a cabo en varias operaciones de registro y allanamiento realizadas por la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional y la Armada Nacional en los municipios de Juradó, Bahía Solano y Nuquí, en Chocó. Durante estos procedimientos, las autoridades incautaron diversos elementos de prueba, incluyendo:

• Siete teléfonos celulares.
• Cerca de 24 millones de pesos en efectivo y 64 dólares estadounidenses.
• Un morral de campaña y dos cintelas militares.
• Un proveedor con munición calibre nueve milímetros.
• Un teléfono satelital.
• Implicaciones de la investigación

El Clan del Golfo, también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es una de las principales estructuras armadas ilegales del país, dedicada al narcotráfico, la extorsión y el control territorial en varias regiones de Colombia. La organización se caracteriza por sus métodos de violencia y por la capacidad de infiltrarse en instituciones clave para sus actividades ilícitas.

Próximos pasos en el proceso judicial

La Fiscalía indicó que continuará con las diligencias investigativas para recolectar más pruebas y esclarecer la magnitud de esta red de complicidad. Además, se espera que la entidad realice un seguimiento exhaustivo a las comunicaciones y movimientos financieros de los implicados, a fin de establecer el alcance de la participación de otros posibles involucrados en esta alianza.

En cuanto a los procesados, el avance del proceso judicial determinará si se establecen responsabilidades individuales y si se confirman las hipótesis sobre la colaboración de otros agentes en activo de las fuerzas militares o policiales. De probarse la culpabilidad de los detenidos, el caso representaría un golpe significativo para las instituciones de seguridad en el país y abriría la discusión sobre la necesidad de reforzar los controles internos en las filas de la fuerza pública.