La violencia en Colombia sigue presente, a pesar de que el Gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro, está adelantando conversaciones de paz con diferentes grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, que en medio de las negociaciones quedaron fracturadas. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo corrido de 2024 se han registrado 157 asesinatos de líderes sociales en todo el territorio nacional.
El último caso se registró en Yopal (Casanare). La víctima fue identificada como José Luis Hernández, un reconocido líder comunal de la vereda El Aracal (corregimiento El Morro), que murió el 9 de noviembre de 2024. Era integrante de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas) del departamento.
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El 26 de septiembre, fue víctima de un robo en el que resultó gravemente herido. Por complicaciones en su estado de salud, tuvo que ser trasladado de manera urgente a Bogotá, donde finalmente falleció. Según la Defensoría del Pueblo, en el lugar delinquen varias organizaciones armadas que representan un riesgo para quienes ejercen labores de liderazgo.
El frente José David Suárez del ELN, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), organizaciones criminales de carácter local, y los frentes 28 y 10 del Comando Conjunto de Oriente, hacen presencia en el departamento.
En junio de 2023, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por la inseguridad en dos municipios: Aguazul y Yopal. “Se encuentran en riesgo la población del municipio de Aguazul que corresponde a 38.607 personas de las cuales 28.443 (73,67%) residen en el centro urbano y 10.164 (26.33%) residen en el área rural; la población civil del municipio de Yopal aproximadamente 80.300 personas de las cuales 67.500 corresponden al 84,1% de la población total urbana y 12.800 personas el 15,9% de la población total rural”, se lee en el documento.
Además de los líderes y lideresas sociales, los campesinos, agricultores, comerciantes, ganaderos, transportadores, mujeres, funcionarios, empresarios, migrantes, estudiantes, docentes y defensores de derechos humanos, están en condición de vulnerabilidad por factores de riesgo en los municipios. En el caso de los líderes comunales y sociales, los grupos armados representan un peligro para su integridad y su vida, porque se oponen a sus acciones delictivas, no muestran interés en colaborar con ellas, o les impiden ejercer un control territorial y económico.
“La utilización de métodos y medios para generar terror forzaría a la población civil a mantenerse en silencio ante el temor de fuertes retaliaciones con consecuencias negativas sobre la vida e integridad personal de las comunidades”, se añade en la alerta temprana de la Defensoría.
La situación de violencia se presenta también en otros departamentos. En El Bagre (Antioquia), por ejemplo, Juan Diego Cubides, un líder social y defensor de derechos humanos de 25 años en situación de discapacidad, fue asesinado por hombres armados. Los hechos se presentaron el 16 de octubre de 2024, en el barrio Villa Echeverri. La organización responsable del crimen todavía se desconoce, pero en el municipio hace presencia el ELN, el EGC, el frente 4 del Bloque Magdalena Medio y otros grupos delincuenciales locales.
“La comunidad reconoce en Juan Diego justamente esa labor de defensa de los derechos de la población en situación de discapacidad. Incluso él era una persona en situación de discapacidad en su movilidad. Estaba en silla de ruedas y aun así emprendió una labor muy importante por defender los derechos de las demás personas en situación de discapacidad, derechos muy olvidados por las diferentes autoridades”, expresó a Caracol Radio el defensor de derechos humanos de Antioquia Yesid Zapata.
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