El presidente Gustavo Petro ya atraviesa por su tercer año de mandato y no ha estado exento de escándalos mediáticos como el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), o la investigación que se adelanta contra su campaña en 2022, en la que se habría excedido en los topes de financiación.
Sin embargo, el presidente ha sacado pecho por los logros de su Gobierno, cumpliendo con sus propuestas como las reformas que atraviesan en el Congreso y las que ya fueron aprobadas en los primeros dos años de su mandato.
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Pero todo parece indicar que hay una propuesta de campaña en la que el jefe de Estado se “rajó” y tiene que ver con su promesa de “democratización del Estado y erradicación del régimen de corrupción”, que consistía en acabar con los favoritismos en el Gobierno y darle prioridad a la meritocracia para acceder a los cargos públicos del Ejecutivo
Según un informe reciente de El Espectador, varios nombramientos en el Ejecutivo y la rama judicial han sido cuestionados por sus vínculos familiares con altos funcionarios del Gobierno, entre ellos, se incluyen a los cercanos de, al menos, seis ministros y dos exministros de la administración Petro que tienen familiares trabajando con el Estado.
Por ejemplo, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, tendría a tres familiares con contratos en el Gobierno. Entre ellos está su hijo, Diego Alejandro Restrepo Ramírez, quien fue nombrado como jefe de oficina en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y luego asesor jurídico del Ministerio de Ciencia. Otro de sus hijos, Álvaro Eduardo Restrepo, firmó un contrato con el Ministerio de Cultura a principios de 2023 por un valor de 76 millones de pesos, mientras que su hermana, Diana Zuleyma Ramírez, fue nombrada subdirectora técnica del Instituto Nacional de Salud.
Pero Ramírez no es la única. Según la investigación revelada por el medio nacional, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también ha sido criticado porque su esposa, Claudia Liliana Cortés, fue nombrada directora de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria en junio de 2023. En su momento, Bonilla defendió la designación, argumentando que no influyó en ella y que su esposa fue seleccionada por su experiencia en el sector.
Sin embargo, causó curiosidad que cuando el presidente Gustavo Petro removió a la entonces ministra de Agricultura Jhennifer Mojica y a todo su equipo de trabajo, Cortés cayó al Ministerio de Hacienda. Además, Bonilla tiene un hijo que trabaja como investigador en el Banco de la República, un cargo que no depende del Ejecutivo.
Otro caso es el del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, cuya esposa, Beatriz Gómez Consuegra, trabaja en la Superintendencia de Salud desde 2022. Jaramillo ha enfrentado mociones de censura en el Congreso, pero ha salido victorioso, a pesar de que la situación de su esposa podría representar un conflicto de intereses, ya que ambos trabajan en el mismo sector.
En el reciente remezón ministerial, las ministras Martha Carvajalino y Helga Rivas también tienen familiares en cargos gubernamentales. El esposo de Carvajalino, Jaime Osorno, ocupa una vicepresidencia en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras que el compañero de Rivas, Juan Carlos Ortega Bermúdez, fue secretario de la Agencia de Reincorporación.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, también tiene familiares en la Fiscalía, la Corte Constitucional y Ecopetrol, aunque estos cargos no dependen del Gobierno y fueron ocupados antes de 2022. Entre los exministros, se destaca el caso de Irene Vélez, cuyo esposo obtuvo un contrato en el Fondo Colombia en Paz.
El informe de El Espectador también menciona a Luis Eduardo Llinás Chica, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), que tiene dos hermanos contratistas en el Gobierno. Uno de ellos, José Ignacio Llinás Chica, tuvo un contrato en la Unidad de Gestión del Riesgo por 230 millones de pesos, mientras que el otro, Vladimir Antonio Llinás Chica, firmó un contrato en el Fondo de Adaptación por 84 millones.
En el ámbito de las superintendencias, Roosvelt Rodríguez, superintendente de Notariado, está casado con Liliana Chávez Jiménez, quien ha tenido cargos en Colpensiones. Luis Guillermo Pérez, exsuperintendente de subsidio familiar, tiene a su cónyuge en Prosperidad Social, de Gustavo Bolívar.
La reforma de equilibrio de poderes de 2015 prohíbe a los funcionarios públicos nombrar o contratar a personas con las que tengan parentesco cercano. Sin embargo, según El Espectador, ninguno de los casos mencionados constituye una violación de esta norma. A pesar de ello, la oposición ha criticado estas prácticas, señalando que van en contra de las promesas de campaña de Petro.
El presidente Petro ha defendido su administración, afirmando que ha erradicado la politiquería en las entidades. Sin embargo, las críticas persisten, y algunos funcionarios del Gobierno han rechazado públicamente el nepotismo, calificándolo de injusticia moral.
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