Los hermanos Juan Diego y José Daniel Santacruz Benavidez han sido detenidos en Pasto, Nariño, por su presunta implicación en la distribución ilegal de aplicaciones de streaming que permitían el acceso a contenido audiovisual sin autorización.
Según la Fiscalía General de la Nación, estas aplicaciones, denominadas Magis TV y Magis Oficial, no solo violaban derechos de autor, sino que también comprometían la seguridad de los usuarios al instalar software malicioso en sus dispositivos.
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Las investigaciones llevadas a cabo por la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos revelaron que las aplicaciones ofrecían acceso a canales de televisión internacionales y películas, atrayendo a usuarios que, sin saberlo, se convertían en víctimas de un malware.
Este software malicioso tenía la capacidad de activar la cámara de los dispositivos, rastrear la geolocalización de los usuarios y transmitir datos personales a servidores externos, poniendo en riesgo la información financiera y personal de los afectados.
La captura de los hermanos Santacruz Benavidez fue realizada por el CTI y la Policía Nacional, quienes los presentaron ante un juez de control de garantías. Los acusados aceptaron los cargos de violación a los derechos patrimoniales de autor y uso de software malicioso, y continuarán vinculados a la investigación en curso.
Este caso subraya la creciente preocupación por la seguridad digital y la protección de los derechos de autor en el ámbito del streaming, un sector que ha experimentado un auge significativo en los últimos años. Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para combatir estas prácticas ilegales que no solo afectan a las grandes productoras y multinacionales del entretenimiento, sino que también ponen en peligro la privacidad de los usuarios.
Fiscalía suspende órdenes de captura y extradición del ELN para conversaciones de paz
La Fiscalía General de Colombia ha suspendido las órdenes de captura y extradición de Gabriel Yepes Mejía, conocido como alias HH, y otros diez miembros del frente Comuneros del Sur del ELN por un período de seis meses.
Esta decisión, según la Fiscalía, responde a una solicitud del gobierno de Gustavo Petro en el marco de las negociaciones de paz con esta disidencia del Ejército de Liberación Nacional.
La medida busca facilitar el avance de las conversaciones de paz y se aplicará en zonas rurales de varios municipios de Nariño y en Bogotá, siempre que la movilidad de los beneficiados esté relacionada con actividades de la mesa de diálogo. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que esta suspensión no afectará las órdenes de captura por violaciones graves a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario.
El proceso de diálogo con el frente Comuneros del Sur se desarrolla de manera paralela a las negociaciones nacionales con el ELN, que se encuentran estancadas desde septiembre tras un ataque a una base militar en Puerto Jordán, Arauca.
En contraste, las conversaciones con este frente han mostrado avances significativos, incluyendo compromisos para detener secuestros y el reclutamiento de menores, así como garantizar la búsqueda de personas desaparecidas.
La suspensión de las órdenes de captura fue formalizada mediante la Resolución 00502 de 2024, emitida por la Fiscalía, tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La decisión fue adoptada luego de que el Comisionado de Paz certificara que el proceso con esta organización armada se encuentra en un estado avanzado y que las diferentes fases previstas se han desarrollado de manera exitosa y satisfactoria.
Esta resolución responde a una solicitud presentada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz el 11 de octubre, que certificó el estado avanzado del proceso con el grupo armado.
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