La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) ha manifestado su inquietud ante la reciente decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de imputar cargos a nueve funcionarios de la Registraduría Nacional.
La medida, según indicó la CEJ, genera preocupación al poner en duda la autonomía de una entidad que, en un Estado Social de Derecho, cumple un papel fundamental en la organización de procesos electorales y en la defensa de los derechos políticos de la ciudadanía.
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El motivo de la imputación, de acuerdo con la Superintendencia, se relaciona con el presunto incumplimiento por parte de estos funcionarios a una serie de solicitudes emitidas durante una visita administrativa.
Dicho procedimiento buscaba revisar aspectos relacionados con los contratos de la Registraduría en los cuales ha participado la empresa Thomas Greg and Sons.
La CEJ enfatizó en que la decisión de la SIC puede considerarse “una desafortunada invasión a la órbita de competencia de un organismo que posee plena autonomía”.
Según la organización, este tipo de intervención podría sentar un precedente preocupante para otras entidades autónomas e independientes del país, lo que suscita dudas sobre posibles intromisiones en sus funciones.
Asimismo, la Corporación reiteró su llamado a respetar la independencia de instituciones como la Registraduría Nacional, recordando que su función constitucional es organizar las elecciones de manera imparcial y proteger el ejercicio de los derechos políticos de todos los ciudadanos colombianos.
Imputación de la Superintendencia
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación formal contra nueve funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por presuntamente no haber cumplido con los requerimientos establecidos durante una serie de visitas administrativas de inspección realizadas entre el 12 y el 22 de marzo de 2024.
El objetivo principal de estas visitas era recaudar información relacionada con el cumplimiento de la normativa en materia de protección a la libre competencia económica, en particular dentro del marco de la contratación estatal.
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En un comunicado emitido el viernes 8 de noviembre, la SIC precisó que, como parte de su labor, está autorizada a solicitar información a personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como privado, en diversos formatos como documentos, libros comerciales, correos electrónicos y acceso a equipos de cómputo y dispositivos móviles.
La investigación se centra en determinar si, en el transcurso de estas visitas administrativas, los nueve funcionarios investigados omitieron el deber de acatar debidamente las órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia. Según la entidad, el incumplimiento de las solicitudes realizadas podría haber impedido o dificultado el normal desarrollo de la investigación, lo que afectaría el correcto ejercicio de las facultades de la SIC como autoridad encargada de la protección de la competencia en el país.
Entre las conductas que se investigan, la SIC señala que los funcionarios podrían haber desatendido los requerimientos de información, se habrían negado a entregar los datos almacenados en dispositivos electrónicos o no habrían asistido a las diligencias programadas.
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