A inicios de noviembre de 2024, el Consejo de Estado admitió la demanda del Ministerio de Ambiente, en cabeza de Susana Muhamad, para anular la licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) para la ampliación de la avenida Boyacá. Obra que se extendería entre las calles 183 y 235 e impactaría directamente en la reserva Thomas Van der Hammen.
Y es que la licencia concedida por la CAR permite la intervención en más de 20 hectáreas del área protegida. La ministra Muhamad argumentó que la reserva es crucial para la estabilidad climática de la sabana de Bogotá y que su fragmentación podría tener graves consecuencias en el contexto del cambio climático.
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“Este proyecto no cumple con la normatividad ambiental y amenaza el equilibrio ecológico”, declaró Muhamad.
Para la ministra, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó la acción de la cartera como una injerencia en la autonomía de la ciudad. Además, sumó que el mandatario distrital sostiene que la ampliación de la avenida es esencial para mejorar la movilidad en el norte de la ciudad. Sin embargo, Muhamad insistió en que el objetivo de la demanda es asegurar un desarrollo urbano sostenible, según resaltó RTVC.
La ministra enfatizó que su cartera ha cumplido con su deber de supervisión y protección del ambiente, rechazando las acusaciones de intromisión desde la alcaldía. “La reserva existía antes que la avenida y es un determinante ambiental de jerarquía superior”, afirmó Muhamad, destacando la obligación del ministerio de actuar en defensa del patrimonio ambiental del país.
Sin embargo, en el transcurso del 7 de noviembre de 2024, la postura por parte del Gobierno nacional para la ampliación de la avenida Boyacá estaría tambaleado, debido a un documento presentado por la CAR sobre su oposición a la solicitud de suspensión de la licencia ambiental para la ejecución de la mega obra.
El documento está bajo la responsabilidad de Ángela María Giraldo Mendoza, que en su rol de apoderada judicial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), expresó su descuerdo a la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Giraldo argumenta que la medida carece de sustento legal, argumentativo y probatorio. La apoderada judicial sostiene que no existen fundamentos suficientes que justifiquen la adopción de la medida cautelar solicitada.
En el contexto de ese proceso, la CAR, a través de su representante legal, ha defendido la validez de la resolución emitida, subrayando la falta de argumentos sólidos por parte del ministerio para proceder con la suspensión. La decisión final sobre la solicitud de suspensión provisional de la resolución aún está pendiente, y se espera que las autoridades competentes evalúen los argumentos presentados por ambas partes.
Es importante recordar que, en 2023, cuando se aprobó la licencia ambiental para la extensión de la avenida Boyacá hasta Lagos de Torca, la CAR indicó que la corporación realizará un seguimiento al desarrollo de la mega obra, en cumplimiento de las obligaciones pactadas desde el punto de vista ambiental.
Es decir, que la misma entidad se reserva el derecho de suspender la licencia si en el transcurso de las obras se ocasionan impacto ambiental negativo o el incumplimiento a los planes de manejo previstos en las consideraciones técnicas del instrumento, así como la omisión de las compensaciones ambientales requeridas.
La decisión de aprobar la licencia se generó luego de varios meses de estudio y análisis por parte de la CAR, proceso que inició el 22 de noviembre del 2021 cuando se radicó ante la entidad la solicitud de licencia por parte del consorcio y el distrito.
“Tras dos años de estudios y análisis, audiencia pública y mesas de trabajo por parte de un equipo interdiscliplinario de la Corporación y las partes interesadas, se llegó a la conclusión de aprobar la licencia ambiental de esta obra de importancia para los habitantes de la capital y el norte de la sabana”, precisó la entidad en diciembre de 2023.
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