En Colombia se vive una gran incertidumbre por las decisiones económicas del Gobierno de Gustavo Petro. Una de las más polémicas es el trámite del proyecto de reforma laboral, que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes y ahora será debatida en el Senado.
La iniciativa es bastante polémica, sobre todo, porque no busca generar empleo formal y tampoco ataca la informalidad. Asimismo, porque, según un estudio del Banco de la República, podría destruir hasta 450.000 empleos, debido a los sobrecostos laborales que les generaría a las empresas, entre otras cosas, por la modificación de la jornada laboral nocturna, que empezaría a las 7:00 p. m. y no a las 9:00 p. m., como está en la actualidad.
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En medio de la discusión de esta, el sector restaurantero colombiano dio a conocer que enfrenta una crisis sin precedentes, una “tormenta perfecta” alimentada por altas tasas de inflación, informalidad administrativa y aumento de la carga tributaria.
Reducción del consumo
Según el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), Guillermo Gómez, “el mercado colombiano tiene una capacidad de consumo limitada y en la medida en que subimos precios, la reacción del mercado es bajar consumo”.
La inflación en Colombia impacta de manera importante el precio de las comidas fuera del hogar, ya que registra un alza del 9,4% en septiembre de 2024, según el Dane, comparado con el incremento del costo de vida del país en un 5,8%.
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Dicho fenómeno obliga a los restaurantes a ajustar precios, lo que repercute de inmediato en una caída promedio del 38% en las ventas. Como lo aclara Gómez, “muchas personas siguen visitando los restaurantes, pero su consumo es menor”.
Mientras tanto, la informalidad en el sector añade otro nivel de complejidad. Los restaurantes informales, que operan al margen de las normativas fiscales y laborales, generan una “competencia desleal” capaz de ofrecer precios más bajos. Este escenario perjudica la sostenibilidad de los negocios formales que cumplen con las obligaciones impositivas.
Funcionamiento descontrolado
De igual manera, se observa que el funcionamiento de estos establecimientos sin control del Gobierno “crea un ciclo de evasión fiscal que afecta las arcas del Estado”.
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La situación se torna crítica al observar el impacto en el empleo y la economía local. Desde agosto de 2023, más de 1.600 restaurantes cerraron sus puertas, un símbolo claro de la debacle que explicó Gómez a La República: “La decisión de cerrar un punto no es fácil, y nos preocupa que se haya reactivado el Indicador de Cierre de Restaurantes porque no lo veíamos desde pandemia”. Este cierre de negocios supone una severa reducción en fuentes de empleo vitales para miles de familias que dependen de este sector, un fenómeno que es calificado como de “pérdida considerable de empleos”.
Para contrarrestar esta situación, Acodrés propuso medidas que buscan aliviar la presión fiscal de manera temporal, como la reducción del impuesto al consumo (impoconsumo) del 8% actual al 4%.
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Según manifestó Gómez, la medida permitiría que los restauranteros “reduzcan sus precios y, de esta forma, incrementen la demanda”. La propuesta incluye un ajuste gradual del impuesto, con el aumento de un punto porcentual por año para permitir una transición.
Fortalecimiento de políticas fiscales
El papel del Gobierno es crucial en este panorama angustiante. La implementación de políticas que favorezcan el cumplimiento de las obligaciones fiscales y promuevan la formalización del sector son esenciales. Es asi que para contrarrestar el efecto negativo de la política económica actual sobre los restaurantes, el gremio propone “el fortalecimiento de las políticas fiscales para apoyar a los restaurantes en tiempos de crisis podría ser una solución efectiva”.
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Además, el presidente ejecutivo de Acodrés, Guillermo Gómez, instó al Gobierno a ofrecer mayor apoyo al sector en su adaptación a las nuevas realidades económicas. Esto, debido a que la reducción temporal del impoconsumo y el fortalecimiento de las políticas fiscales son alternativas consideradas alcanzables y efectivas para estabilizar el sector y prevenir más cierres.
Al final, dijo que se trata de asegurar la “sostenibilidad de los restaurantes y la conservación de millas de empleos en el país”.
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