Un nuevo giro ha tomado la investigación que se adelanta por parte de la Corte Suprema de Justicia en relación con el megacaso de corrupción denominado como las ‘Marionetas’. Lo anterior, luego de conocerse la declaración del exgobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, que compareció ante el alto tribunal tras verse implicado en las declaraciones del exsenador de la República Ciro Ramírez, del Centro Democrático, que perdió su curul en el Congreso por cuenta de este escándalo.
El mandatario regional, acusado por Ramírez como actor clave en esta red, se presentó ante el alto tribunal y negó que esté implicado en el caso en el que se registraron millonarios sobornos y contratos irregulares liderada por el difunto senador liberal Mario Castaño, y que continúa acaparando la atención nacional. Lo anterior, debido a la índole de los personajes involucrados y las revelaciones constantes sobre las prácticas corruptas en el ámbito público.
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El testimonio de Jaramillo, dado a conocer el lunes 4 de noviembre por Noticias RCN, ha sido considerado una pieza fundamental en esta investigación. En su declaración, el exgobernador admitió haber sostenido reuniones con Pablo César Herrera, exdirector de la empresa Proyecta Quindío, al que describió como uno de los principales nexos para coordinar proyectos, que a la postre, y según se comprobó, canalizaban fondos públicos de manera irregular.
“(El senador Mario Castaño) Me pidió una cita para él. Lo entrevisté, me entregó la hoja de vida y me parecía que cumplía con todos los estándares de lo que queríamos, y con la experiencia que se necesitaba para una empresa de esas. Y yo fui el que propuso en la junta directiva la hoja de vida del señor Pablo Herrera”, afirmó el exgobernador Jaramillo ante los magistrados de la Corte, con lo que pretendió clarificar las versiones que lo inmiscuyen en este entramado.
La versión del exgobernador del Quindío sobre su supuesta participación en el escándalo de las ‘Marionetas’
Sin embargo, Jaramillo defendió su posición indicando que en su momento no percibió irregularidades en las conexiones de Herrera con entidades del Gobierno. Pese a que se registraron múltiples encuentros con Herrera, que ahora colabora con la Fiscalía como el testigo estrella en este caso, en su condición de enlace entre Castaño y la gobernación para, presuntamente, asegurar millonarios contratos mediante acuerdos ilícitos en los departamentos de Quindío y Tolima.
En efecto, en la evidencia recolectada por los investigadores, se detalla que el senador Ciro Ramírez habría administrado dos acuerdos interadministrativos en ambas regiones, valorados en $22.173 millones y $49.460 millones, respectivamente. Los empleadores favorecidos habrían abonado cerca de 1.000 millones de pesos en sobornos, dado que se suponía que Ramírez demandaba hasta un 15% de beneficio por cada contrato gestionado en favor de su red.
La versión que maneja el ente acusador es que Herrera, como ejecutivo, tuvo un papel preponderante en el direccionamiento de una serie de contratos y comisiones, ordenados en primer lugar por Castaño; y posteriormente por Ramírez, con la presunta complicidad del entonces director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Pierre García Jacquier; hoy en Europa, desde donde afronta un juicio por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
“Cuando él (Herrera) hablaba de contratos con el DPS, el DPS es una empresa del Estado, como decir que tengo con el ministerio tal... Nunca vimos algo distinto a la gestión propia del gerente de Proyecta”, agregó el exgobernador en su declaración ante el alto tribunal. Sobre el particular, cabe precisar que el 22 de octubre la Corte Suprema dio a conocer que el congresista Ramírez continuará en prisión mientras se adelanta el juicio en su contra, tras este controversial caso.
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