La Corporación Reiniciar, que representa a miles de víctimas de la Unión Patriótica (UP), presentó una carta ante la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia de Colombia, solicitando la remoción de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) como supervisora del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta sentencia ordena la reparación de la UP tras el exterminio sufrido por sus miembros.
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En la misiva, Reiniciar argumenta que la Andje carece de la experiencia necesaria para gestionar una reparación de tal magnitud, que involucra a al menos cuatro organizaciones representativas y miles de víctimas. Además, señalan deficiencias en la comunicación con entidades clave para la reparación, como la Fiscalía, el Ministerio de Salud y la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“Entre nuestras principales preocupaciones se destacan la falta de comunicación y diálogo efectivo entre los representantes de las víctimas y las instituciones encargadas del cumplimiento de la sentencia. Asimismo, en su proceso de interlocución, la Agencia ha interpretado que la representación común de las víctimas es un escenario de mayorías simples, desconociendo tanto la amplitud de la representación que tiene la Corporación Reiniciar, como las visiones, prioridades y propósitos de reparación que son de una colectividad social y política que no tienen las otras representaciones. Esto ha impactado negativamente en las posibilidades de discusión abierta, franca y transparente”, se lee en la carta.
La carta, firmada por los cuatro codirectores de la Corporación, destaca que los espacios de discusión continúan siendo ocupados por funcionarios sin poder de decisión, lo que impide avances significativos en el cumplimiento de las medidas de reparación. Según Reiniciar, estas dificultades contravienen el propósito de la sentencia de la Corte Interamericana, que busca una reparación integral para las víctimas de la UP.
“Consideramos que una opción que podría agilizar el proceso de reparación es devolver la interlocución al Ministerio de Relaciones Exteriores, que en anteriores casos ha demostrado responsabilidad y experiencia para facilitar el cumplimiento de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de otros organismos internacionales”, añadió Reiniciar.
La solicitud de retirar a la Andje se basa en que su mandato principal es liderar litigios, no gestionar procesos de reparación a gran escala. La Corporación Reiniciar enfatiza que la falta de experiencia de la Agencia en este tipo de casos ha obstaculizado el progreso esperado en la implementación de las medidas ordenadas por la Corte.
La Andje y la Unión Patriótica
Colombia fue declarada responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por violaciones a los derechos humanos cometidas contra miembros del partido político de izquierda Unión Patriótica (UP). En cumplimiento de esta sentencia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado publicó el fallo, como parte de las medidas de reparación y con el objetivo de que la sociedad conozca los hechos y se evite su repetición.
El fallo, que fue notificado a Colombia en el año 2023, representa una oportunidad para que el Estado reivindique los derechos de los integrantes de la UP, dignifique su memoria y remedie las vulneraciones sufridas. La Andje ha sido designada por el presidente Gustavo Petro como la entidad principal para garantizar el cumplimiento de las 18 medidas de reparación ordenadas, que incluyen la reparación de más de 6.000 víctimas militantes del partido.
La Unión Patriótica, tras su fundación, logró un rápido ascenso en la política nacional con importantes logros electorales. Sin embargo, estos éxitos fueron opacados por la violencia sistemática y atroz que se desató contra sus miembros. La sentencia de la Corte IDH busca no solo reparar a las víctimas, sino también fomentar una cultura de respeto por el pensamiento político diverso.
La Andj ha hecho hincapié en la importancia de este fallo como un paso hacia la justicia y la reconciliación, asegurando que se trabajará para que las medidas de reparación sean efectivas y se cumplan en su totalidad. Este proceso de reparación fue visto como un mecanismo para fortalecer la democracia y los derechos humanos en Colombia. Sin embargo, con la situación actual, falta ver como se sigue desarrollando la situación.
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