El Vaticano le pidió a la Iglesia católica de Colombia crear un grupo para combatir el abuso sexual de parte de sacerdotes

La Pontificia Comisión para la Protección de los Menores del Vaticano solicitó a la Iglesia católica colombiana a establecer un grupo dedicado a la defensa y apoyo de las víctimas de abuso sexual en el interior del clero. Esta recomendación formó parte del primer informe anual de la comisión sobre políticas de protección en dicha institución religiosa.

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Durante una reunión que se dio en abril de 2023 con miembros de la Conferencia Episcopal Colombiana, la comisión vaticana discutió la necesidad de mejorar las medidas de protección para las víctimas de abuso. Este encuentro se llevó a cabo en el contexto de la visita ad limina, que los obispos de todo el mundo realizan a Roma cada cinco años.

Pero fue el informe de ese encuentro —sobre las “políticas y procedimientos de tutela en la iglesia”— que se publicó el 29 de octubre del 2024.

En ese se conoció un apartado en el que se destaca que, en general, la iglesia en Colombia cuenta con una infraestructura “alentadora”, que incluye guías nacionales y diocesanas, así como sistemas locales de denuncia para los casos de abuso sexual a menores dentro de la institución clerical.

También reconoció que en el país se hacen “valoraciones psicológicas” de los candidatos al sacerdocio, el “control diligente” en los movimientos de curas en medio de provincias eclesiásticas y la intervención de laicos en el sistema religioso del país.

Sin embargo, también se identificaron desafíos persistentes, como la necesidad de definir mejor a los adultos vulnerables y desarrollar códigos de conducta más detallados, como informó la agencia de noticias EFE. También señalaron la ausencia de mecanismos estables de verificación y control de casos potenciales.

La comisión, liderada por el cardenal estadounidense Sean Patrick O’Malley, por medio de una observación a la actividad religiosa en el país destacó reflexión seria por parte de los obispos colombianos, en la que detalló sus limitaciones y fallos en los protocolos, que habrían causado más dolor a las víctimas. En respuesta, la iglesia colombiana tendría que afirmar su intención de revisar las líneas de acción.

Entre las recomendaciones, la comisión sugirió la creación de un “grupo organizado de defensa y apoyo para las víctimas”, que también participe en la definición de nuevas políticas. Además, consideraron crucial acelerar la formación en protección para laicos y clérigos en cada diócesis.

La Conferencia Episcopal de Colombia ya había implementado en 2012 un documento pionero con medidas contra delitos relacionados con el Sexto Mandamiento. Este documento fue revisado en 2022, en colaboración con la Santa Sede, para crear las “Líneas Guía” actuales, que profundizan en el cuidado y recepción de reclamos, aunque se ha criticado su complejidad tras la inclusión de un apéndice legislativo.

Acelerar la destitución de sacerdotes abusadores: la petición del Vaticano

La Pontificia Comisión para la Protección de los Menores del Vaticano, en su primer informe anual, pidió con urgencia mejorar la transparencia y acelerar los procesos de destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales.

En ese sentido, la Santa Sede estipuló que se debe “garantizar una gestión eficiente, rápida y rigurosa” de cada caso que haya sido escalada a Roma, debido a que “los procesos civiles pueden ser difíciles, lentos e incluso fuente de una continua victimización”, de manera que “la justicia no puede darse a costa de mayores traumas”.

Este documento analiza la situación en veinte países y diversas instituciones religiosas y, además, pidió a las iglesias facilitar a las víctimas el acceso a la información necesaria para enfrentar la opacidad en casos de abuso sexual por parte de líderes religiosos.

Incluso se detalló la petición de hacer más conocidos los casos, para que no sean manejados únicamente en el interior de las instituciones religiosas. “La Comisión sabe que el dicasterio comunica en modo principalmente interno los casos con las autoridades eclesiásticas locales (...) Sería útil estudiar conjuntamente cómo dar más transparencia”, se leyó en el informe.