Gustavo Bolívar se despachó contra Iván Duque y dos de sus funcionarios: “Sobre ellos tres recae toda la responsabilidad penal”

En un reciente intercambio en la plataforma X, el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, lanzó fuertes críticas contra el general retirado de la Policía, Jorge Luis Vargas, que fue director de la institución durante el gobierno de Iván Duque. Bolívar cuestionó el silencio del general tras revelarse la compra del software Pegasus, utilizado para espiar a la oposición, según declaraciones hechas por el presidente Gustavo Petro.

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Además, cuestionó duramente al expresidente Iván Duque, que fue el máximo líder de las Fuerzas Militares entre el 2018 y el 2022, y a Diego Molano, exministro de Defensa de Duque, pues de acuerdo con Bolívar, ellos tres son los responsables de la adquisición del software espía Pegasus.

“Para la época en que de manera corrupta, traqueta y clandestina se compró el software Pegasus para espiar a la oposición, el director de la Policía era el General Vargas, el ministro de la defensa era Molano y el jefe supremo de las FF.AA el expresidente Duque. Sobre ellos tres recae toda la responsabilidad penal”, son las primeras palabras de la publican de Bolívar.

Durante la campaña para la alcaldía, tanto Vargas como Molano, que también fueron candidatos, atacaron a Bolívar, según sus propias palabras, acusándolo de ser terrorista y delincuente por haber comprado cascos y gafas para los jóvenes de Primera Línea (PL). Bolívar defendió su acción, argumentando que era para proteger a los manifestantes de posibles daños oculares.

“Los dos primeros, Vargas y Molano en la campaña por la alcaldía de la cual ambos fueron candidatos me atacaban todo el tiempo diciéndome terrorista y delincuente por comprar los cascos y las gafas a los chicos de PL, para que ellos mismos no les sacaron los ojos”.

El director del DPS expresó que ahora Vargas y Molano enfrentan problemas legales y sugirió que podrían ser considerados los verdaderos responsables de actos delictivos y terroristas. Estas declaraciones, al igual que las del presidente, han generado un debate sobre el uso del software Pegasus y las implicaciones legales para los involucrados en su compra y uso. “Hoy están en problemas es probable que se les compruebe que ellos son los verdaderos terroristas y delincuentes”, finalizó.

La controversia con Pegasus

En Colombia, el uso del software espía Pegasus ha generado una investigación que busca esclarecer su adquisición y aplicación en el país. Según un documento clasificado de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf), revelado por el presidente Gustavo Petro, el software fue comprado al fabricante israelí NSO Group durante el gobierno del expresidente Iván Duque. La compra, que se habría realizado en dos pagos en 2021, involucró un viaje de un avión privado con dinero en efectivo desde Bogotá a Tel Aviv.

El software Pegasus, conocido por su capacidad de acceder remotamente a mensajes, llamadas y archivos de teléfonos móviles, habría sido adquirido por un monto de 11 millones de dólares, según informó el periodista israelí Gur Megiddo en marzo. Este programa ha sido objeto de controversia a nivel mundial por su uso en la vigilancia de opositores políticos y activistas.

El presidente Petro, al hacer pública la información, cuestionó a quiénes más se habría interceptado y bajo qué órdenes judiciales, además de preguntar sobre el origen de los fondos utilizados para la compra. Estas interrogantes surgen en un contexto de antecedentes de escándalos por escuchas ilegales en el país.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que los datos proporcionados por la Uiaf, que incluyen rutas, fechas y cantidades de dinero, permitirán iniciar una investigación. Sin embargo, la tarea de rastrear el uso de Pegasus se presenta como un desafío, dado que el software está diseñado para ser prácticamente indetectable.

La denuncia sobre el uso de Pegasus en Colombia revive preocupaciones sobre la privacidad y el abuso de herramientas de vigilancia en el país. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por el uso de este tipo de tecnologías, que pueden comprometer derechos fundamentales.