La Procuraduría General de la Nación informó de la apertura de una investigación formal a funcionarios e influenciadores del Gobierno nacional por publicaciones divulgadas en sus cuentas de X, relacionadas con la periodista de Caracol Radio Diana Saray Giraldo. Entre las personas que se encuentran bajo la lupa del organismo de control está el exembajador de Colombia en México Moisés Ninco Daza, el influenciador y contratista de Rtvc David Rozo y el viceministro de la Juventud en el Ministerio de Igualdad, Gareth Sella.
El anuncio de esta investigación no cayó bien en el presidente Gustavo Petro, que lanzó un fuerte cuestionamiento a la Procuraduría, comparándola con la Gestapo, que fue la policía secreta oficial de los nazis en Alemania. Aseguró que existe una persecución en contra de los funcionarios y exfuncionarios de su Gobierno.
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“Esto se llama persecución de una policía política que limita la libertad de expresión y censura. ¿La procuraduría quiere ser Gestapo? Le pido a las víctimas de esta violación de derechos humanos, poner las denuncias respectivas en la justicia nacional e internacional. En el gobierno del cambio los funcionarios no violan derechos humanos”, escribió el primer mandatario.
La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal criticó las declaraciones del jefe de Estado, asegurando que debe revisar sus palabras y señalándolo de ser él el que busca crear una policía secreta al nivel de los nazis en Colombia.
“No Petro, ni la calumnia ni la injuria son derechos humanos. Revísese para que vea que el que pretende tener una Gestapo es usted”, aseveró.
Es importante recordar que la Gestapo fue utilizada para generar terror en la población y se valía de todo tipo de métodos para “neutralizar” a aquellos que consideraba enemigos, entre ellos, ciudadanos judíos, comunistas, gitanos y personas con orientaciones sexuales diversas, según detalló National Geographic.
“Los miembros de la Gestapo solían vestir de paisano, como un ciudadano alemán corriente, y se identificaban con una placa ovalada en cuyo anverso figuraba un águila con la esvástica entre sus garras”, preció la organización internacional.
La polémica tras las publicaciones contra la periodista
La investigación de la Procuraduría responde a varios comentarios que hicieron Moisés Ninco Daza, David Rozo, Gareth Sella y la ex jefa de la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial de la Superintendencia de Industria y Comercio María Niny Echeverry. De acuerdo con el organismo de control, estas personas lanzaron fuertes críticas contra la periodista Diana Saray Giraldo y la acusaron de haber originado un homicidio.
Según los investigados, debido a la información que publicó la comunicadora, el líder social Josué Castellanos fue asesinado en el municipio de Tame, Arauca, el 5 de marzo de 2024. Sin embargo, para la Procuraduría, las afirmaciones de los exfuncionarios, empleados y contratistas del Gobierno atentaron contra el buen nombre, el honor y la honra de la periodista.
Una de las publicaciones en cuestión, correspondiente a Ninco Daza, indica lo siguiente: “Diana Giraldo señala que jamás ha sido censurada en sus publicaciones, goza de libertad. Contrasta con la situación del líder campesino Josué Castellanos, que fue asesinado luego de que ella hiciera una publicación en la cual señaló a su organización como colaboradora de una guerrilla. Señalan con el micrófono para que otro dispare con el fusil, condene con el tribunal o sancione con el órgano de control”.
El contratista e influenciador David Rozo se pronunció sobre la investigación de la Procuraduría, asegurando que se trata de una persecución en su contra por “alzar la voz” por el líder social que fue víctima de homicidio. Afirmó que, por medio de una posible sanción, estarían buscando silenciarlo. En consecuencia, informó que emprenderá acciones legales para defenderse.
“Desde ya anuncio que tomaré las medidas legales nacionales e internacionales correspondientes como solicitó el presidente de la República de Colombia @petrogustavo. No dejaré mancillar mi nombre ni dejaré afectar mis derechos ciudadanos, humanos y políticos por una procuraduría secuestrada”, aclaró el contratista de Rtvc.
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