El cambio climático y los conflictos armados amenazan la biodiversidad en todo el territorio nacional, advirtieron desde la Defensoría del Pueblo.
Y es que en medio de la COP16, que se celebra en Cali, la entidad emitió dos documentos que advierten sobre los riesgos que enfrentan los ecosistemas estratégicos en el país, especialmente en el Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Tolima, Putumayo y Valle del Cauca, donde se encuentra el Macizo Colombiano.
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Por ejemplo, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, destacó que la COP16 es una oportunidad para visibilizar el estado de la biodiversidad en Colombia y proponer estrategias de conservación.
“La COP-16, celebrada este año en Colombia, es una gran oportunidad para contarle al mundo el estado de la biodiversidad, hacer evidentes los diversos problemas, desafíos y obstáculos. Pero también, para robustecer, proponer e implementar estrategias de conservación y promover su protección de manera efectiva”, explicó la funcionaria.
No obstante, los informes revelan amenazas graves como la minería, tanto legal como ilegal, la deforestación y la expansión de cultivos ilícitos, que no solo contaminan los recursos hídricos, sino que también destruyen ecosistemas vitales y ponen en riesgo a la flora, fauna y comunidades locales.
Los documentos de la Defensoría dan muestra de que la conservación de áreas protegidas está altamente amenazada.
Para tomar un ejemplo, desde el organismo explicaron que en Colombia, 75 áreas clave de biodiversidad están bajo concesiones mineras, lo que incrementa el riesgo de pérdida de los guardianes de la naturaleza, es decir, las comunidades locales.
Fue allí donde enfatizaron en el Macizo Colombiano. Sobre esta zona del país, la Defensoría recalcó en que la expansión de la agricultura intensiva, la minería ilegal y la deforestación alteran los ciclos ecológicos y afectan la calidad del agua y del suelo.
Así mismo, el organismo hizo un llamado frente al cambio climático, problemática a la que calificaron de “amenaza significativa”, ya que altera los patrones de precipitación y temperatura, afectando a los ecosistemas y especies que dependen de condiciones climáticas específicas.
De hecho, según explicó Marín Ortíz, la falta de datos actualizados dificulta la toma de decisiones informadas y la implementación de medidas de protección adecuadas.
Además, la Defensoría fue clara en que el conflicto armado crea un entorno de inseguridad que complica la implementación de políticas de conservación y la capacidad de las comunidades para gestionar sus recursos naturales de manera sostenible.
Incluso, desde el organismo dieron a conocer que emitieron más de 50 recomendaciones a instituciones nacionales y locales para mejorar la conservación y protección de los ecosistemas estratégicos.
Entre las recomendaciones, se insta a las autoridades ambientales a implementar acciones de restauración ecológica y consolidar instrumentos de planificación que establezcan un régimen ambiental de usos del suelo.
También se solicita al Ministerio de Educación incluir programas de educación ambiental y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural promover prácticas agrícolas sostenibles.
“Les solicitamos a las autoridades ambientales implementar acciones de restauración ecológica de los ecosistemas afectados, consolidando los instrumentos de planificación, que permitan establecer un régimen ambiental de usos del suelo, asignando a cada zona una categoría de manejo que asegure su sostenibilidad”, puntualizó la funcionaria.
De igual forma, la Defensoría pidió al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en coordinación con Parques Nacionales Naturales, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Minas y Energía, diseñar y ejecutar una estrategia para cerrar las bocatomas ilegales de minería en los municipios del Macizo Colombiano.
Además, recalcaron en que se requieren medidas de protección para preservar la vida e integridad de defensores de derechos humanos y líderes ambientales.
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