La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que rechace la petición de nulidad parcial relacionada con crímenes de violencia sexual y de género, incluyendo a mujeres, niñas y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIEGD), presentada por la defensa de algunos implicados en el macrocaso 002.
Este caso se centra en las violaciones de derechos humanos en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño. Según la Procuraduría, existen pruebas suficientes que demuestran la comisión de estos crímenes.
El organismo de control argumenta que la JEP ya ha identificado de manera clara las circunstancias en las que se produjo la victimización de comunidades étnicas y el control territorial ejercido, afectando a un gran número de víctimas durante un extenso periodo de tiempo. Asimismo, se ha determinado la identidad de las comunidades y los territorios afectados.
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Para el Ministerio Público, rechazar esta nulidad es clave para asegurar que el Estado cumpla con su deber de investigar de manera exhaustiva estas violaciones, y no caer en omisiones que puedan socavar los derechos de las víctimas.
La entidad enfatizó que las decisiones judiciales deben estar en concordancia con los compromisos de Colombia en materia de Derechos Humanos, haciendo un especial llamado a la protección de las mujeres, niñas y personas OSIEGD.
La Procuraduría General también subrayó que el derecho de defensa de los comparecientes no debe contraponerse a los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Insistió en que las decisiones judiciales deben tomarse respetando a las víctimas y evitando cualquier forma de revictimización, garantizando su acceso pleno a la justicia.
Víctimas de violencia sexual podrían llevar el caso a juicio adversarial
En una entrevista con La W, realizada el 21 de octubre, Alejandra Garzón, representante de las víctimas de violencia sexual a manos de las Farc e integrante de la Corporación Sisma Mujer, advirtió que no descartan acudir a juicios adversariales ante la JEP si los excomandantes de la guerrilla, como ‘Pablo Catatumbo’ y Édgar Gómez, alias Pacho Chino, entre otros, se niegan a aceptar su responsabilidad en los crímenes sexuales cometidos en Nariño.
“Lo que queremos en principio es que no sea procedente esta solicitud de los mismos y hacer la orden de reconocimiento porque ellos tienen un compromiso con el aporte a la verdad, el cual están incumpliendo. Hacemos un llamado a la jurisdicción para que haga un llamado a la defensa de los comparecientes. (...) si es necesario y hay una ausencia de reconocimiento, nosotras iremos precisamente a estos procesos adversariales y que allí se reduzca la brecha de impunidad”, indicó en el mencionado medio de comunicación
Garzón afirmó que la petición de nulidad presentada por los exguerrilleros debe ser rechazada, dado que están incumpliendo su compromiso de aportar a la verdad. La defensora hizo un llamado a la JEP para que obligue a los comparecientes a cumplir con sus obligaciones, y advirtió que, en caso de que no se logre un reconocimiento de los crímenes, las víctimas buscarán justicia a través de juicios adversariales.
Polémica por documentos revelados
La controversia se desató después de que La W revelara documentos en los que los excomandantes de las Farc buscan tumbar las imputaciones por crímenes sexuales, alegando que se les violaron sus derechos en el proceso. Sin embargo, Garzón negó estos argumentos, afirmando que las acusaciones de los exguerrilleros no son ciertas.
Entre las quejas de los excomandantes, se incluye la falta de respeto por el debido proceso y el no traslado de las pruebas. No obstante, la representante de las víctimas señaló que, en el marco del proceso, se ha garantizado el acceso a los informes completos, con los nombres de las víctimas anonimizados para proteger su seguridad.
Garzón enfatizó que las víctimas se sienten decepcionadas por la actitud de los exguerrilleros, que parecen estar alejándose de cualquier posibilidad de rendir cuentas. Sisma Mujer representa a 41 víctimas de un total de más de 150 casos que la JEP ha documentado en relación con abusos sexuales y esclavitud cometidos por las Farc. Las víctimas temen que la justicia por estos crímenes esté cada vez más lejana debido a la postura de los exFarc.
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