En Colombia comenzó la COP16 que, según la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, está centrada en la “visión de ‘Paz con la Naturaleza’ y en reconocer que la verdadera lucha del siglo XXI es por la vida”, pero de acuerdo con un informe del programa Verifico del portal digital Verdadabierta.com, los defensores ambientales y líderes sociales en Colombia enfrentan una situación alarmante de violencia y estigmatización que pone en peligro sus vidas y la protección de los territorios que defienden.
Estos activistas, que luchan por la preservación del medioambiente y los derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, son víctimas de asesinatos, amenazas, y desplazamientos forzados, además, enfrentan la estigmatización constante, que busca desacreditar su labor calificándolos como “opositores al desarrollo”, lo cual agrava su vulnerabilidad.
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Desde 2016, Colombia ha registrado un número escalofriante de asesinatos de defensores de la tierra y del medioambiente, según Global Witness, y ha encabezado por dos años consecutivos la lista mundial de países con mayor cantidad de defensores ambientales asesinados.
Solo en 2023 se registraron 79 asesinatos, cifra que superó incluso a Brasil y Honduras; mientras que entre enero de 2016 y septiembre de 2024, la ONU documentó 248 homicidios de defensores ambientales en Colombia, un 89% de los cuales fueron cometidos contra personas indígenas, afrodescendientes y campesinas, por lo que los departamentos más afectados son Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander.
Según Verifico, la violencia que afecta a estos defensores no es solo el resultado del conflicto armado en las regiones en las que operan, también de la estigmatización promovida por empresas, políticos y grupos armados.
Estas narrativas, que los quieren hacer ver como obstáculos al desarrollo, buscan deslegitimar su trabajo y justifican las agresiones en su contra, por lo que la ONU ha hecho llamados reiterados a las autoridades colombianas para combatir este estigma que pone en mayor riesgo a quienes defienden la naturaleza y los territorios.
En ese sentido, el portal Verifico ha documentado más de 70 afirmaciones de estigmatización contra defensores de derechos humanos, de las cuales, 41 están dirigidas específicamente a personas que protegen el medioambiente y los territorios de las comunidades étnicas.
De estos casos, 30 corresponden a comunidades indígenas, que han sido acusadas de ser improductivas, violentas y vinculadas al conflicto armado. Las comunidades afrodescendientes también han sido blanco de estigmatización por exigir el respeto de la consulta previa en proyectos que afectan sus territorios.
Un ejemplo claro de esta estigmatización es el caso del Comité Salvemos Gorgona, que se opone a la construcción de una base militar en la isla del mismo nombre, argumentando que afectará sus ecosistemas y viola los derechos de las comunidades negras que habitan la región.
Los miembros de este comité han sido señalados por figuras del gobierno, incluidos el presidente Gustavo Petro, el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, y el embajador en Londres, Roy Barreras, quienes los han vinculado con el narcotráfico.
“Los mensajes más comunes son relacionados con que estamos siendo instrumentalizados o somos unos instrumentos de diferentes grupos. Entonces, se nos dice muchas veces que estamos representando los intereses del narcotráfico porque nos oponemos a una base guardacostas en pleno Parque Nacional y uno de los lugares más biodiversos del mundo”, aseguró Andrés Pachón, uno de los voceros del Comité Salvemos Gorgona.
La estigmatización, además de fomentar la violencia física, genera impactos profundos en las comunidades y los procesos sociales que lideran los defensores ambientales, pues las afirmaciones de que estos activistas se oponen al progreso económico o tienen vínculos con actores ilegales crean divisiones internas y afectan la percepción que tienen las comunidades sobre sus líderes.
Astrid Torres, coordinadora del programa Somos Defensores, advirtió que estos señalamientos afectan gravemente la representación de los defensores en sus territorios, ya que las comunidades pueden verlos como un obstáculo para la llegada de beneficios económicos y sociales.
“Cuando a un líder, a una organización o a un proceso social se le dice: ‘¡Usted se opone al desarrollo!’, en lugares muy vulnerables, se generan conflictividades muy fuertes porque las comunidades pueden entender que impiden la llegada de empleos, carreteras, kits escolares y todos los beneficios que ofrece la llamada responsabilidad empresarial”, aseguró Torres.
La estigmatización también se manifiesta en el ámbito judicial, pues algunos defensores ambientales han sido denunciados por sus protestas contra grandes proyectos extractivos.
En el caso de Jericó, más de 80 campesinos enfrentan denuncias de la multinacional AngloGold Ashanti por haber desmantelado pacíficamente plataformas de perforación minera en sus territorios.
A pesar de estos desafíos, la resistencia continúa, dado que las comunidades y los defensores del medioambiente en Colombia siguen organizándose para proteger sus territorios y promover modelos de desarrollo que respeten la biodiversidad y los derechos humanos, por lo que en su lucha, exigen que el gobierno tome medidas para detener la violencia y la estigmatización que los amenaza.
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