En un momento en que la seguridad del país y de sus dirigentes enfrenta múltiples desafíos, la decisión de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de no modificar las medidas de seguridad para el gobernador del departamento de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, provocó controversia. A través de una resolución reciente, la entidad reafirmó su postura de mantener el esquema actual de protección, a pesar de las preocupaciones planteadas por el propio mandatario departamental.
La decisión de la UNP de no reponer la una resolución de 25 de abril de 2024, tal como fue solicitada por Ruiz Aguilar mediante un recurso de reposición, desencadenó una serie de reacciones tanto en el ámbito político como en la opinión pública. El gobernador, que denunció ser objeto de amenazas desde antes de su elección, manifestó su inconformidad con las medidas de seguridad vigentes, bajo el argumento de que no son suficientes para proteger su vida y asegurar su labor.
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Luis Ruiz, desde su elección como gobernador, está bajo la protección de la UNP, que le asignó un esquema de seguridad que incluye un vehículo blindado, dos escoltas y un chaleco antibalas; sin embargo, el conflicto se intensificó cuando, según lo estipulado por el Decreto 1066 de 2015, modificado por el Decreto 1139 de 2021, la Gobernación de Caquetá asumió parte de la responsabilidad en la implementación de estas medidas.
El gobernador presentó un recurso de reposición argumentando que, dada la gravedad de las amenazas en su contra, la UNP debía asumir la totalidad de su seguridad. En la medida, Ruiz también aludió a un fallo de tutela de febrero de 2024, que obligaba a la entidad a realizar un nuevo estudio de riesgo y adoptar medidas más contundentes para su protección.
En respuesta, la UNP, bajo la dirección de Augusto Rodríguez Ballesteros, decidió no acoger la solicitud del gobernador, al destacar que el esquema de seguridad actual es el adecuado para mitigar los riesgos. La entidad se basó en un estudio técnico realizado por la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) de la Policía Nacional, que concluyó que el nivel de riesgo de Ruiz, aunque extraordinario, ya estaba siendo atendido con las medidas implementadas.
El Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) respaldó esta evaluación y consideró que no existían nuevos elementos que justificaran una modificación del esquema de seguridad. La UNP también dejó claro que, según la normativa vigente, la Gobernación de Caquetá debía coordinarse con la unidad y la Policía Nacional para implementar las medidas necesarias.
“No es posible atender favorablemente la solicitud del señor LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR, dado que la decisión de ajustar las medidas de protección se adoptó según el procedimiento técnico y riguroso que contempla este Programa de Prevención y Protección, las particularidades del caso y de acuerdo con el resultado que arrojó el estudio del nivel de riesgo” (sic), se lee en la resolución de la UNP.
En mayo de 2024, capturaron a un líder de las disidencias de las Farc que amenazaba al gobernador de Caquetá
La Fiscalía General de la Nación anunció en la mañana del domingo 19 de mayo de 2024 la presentación de Iduar Realpe Enríquez, conocido como alias Fabián Prado o Paisita, ante un juez de control de garantías. Este individuo fue señalado como el jefe del frente Rodrigo Cadete de las disidencias aliadas al Estado Mayor Central (EMC).
Según la información proporcionada por la Fiscalía, “los elementos de prueba indican que este hombre tendría a su cargo un componente armado que sería el responsable de homicidios selectivos y cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y pobladores de Puerto Rico, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Cartagena del Chairá y Florencia (Caquetá)”.
Además, se le atribuyen posibles implicaciones en amenazas de muerte dirigidas al gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, y al defensor de Derechos Humanos José Rafael Chavarro, incidentes que ocurrieron entre enero y abril de 2024.
La captura de “Fabián Prado” fue el resultado de una operación conjunta entre la Fiscalía y la Policía Judicial en la vereda El Porvenir, en El Paujil, Caquetá, y durante aquel procedimiento, incautaron diversos elementos, como morrales de camuflaje, prendas militares, tres pistolas, seis proveedores, 423 cartuchos de diferentes calibres, un celular, 39 afiches alusivos a las disidencias de las Farc y una motocicleta.
El ente acusador le imputó varios delitos, tales como concierto para delinquir agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, amenazas, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. A pesar de los cargos en su contra, el presunto líder de las disidencias no aceptó las acusaciones y permanecerá bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario.
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