El Gobierno Petro impulsa comité ministerial para coordinar sustitución de cultivos ilícitos

Colombia estableció nuevas directrices para la sustitución de cultivos de uso ilícito, según un documento firmado por el presidente Gustavo Petro. La directiva presidencial, fechada el 15 de octubre, busca priorizar la inversión en comunidades afectadas por estos cultivos, en un esfuerzo por facilitar su transición hacia economías legales. Este anuncio coincide con un informe de las Naciones Unidas que revela un aumento récord en la producción de cocaína en el país, alcanzando 2.664 toneladas métricas en 2023.

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El documento, dirigido a ministros y directores de departamentos administrativos, establece la creación de un comité operativo. Este comité estará compuesto por los ministros de Justicia, Agricultura, Ambiente, Transporte, Interior, Minas y Energía, junto con los directores del Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio. Su objetivo es coordinar proyectos y estrategias para la sustitución de cultivos y el desarrollo de economías lícitas, en línea con las políticas de reforma agraria y desarrollo rural.

“Este Comité tendrá como objetivo articular los proyectos y líneas estratégicas para la sustitución de cultivos y el tránsito a economías lícitas en el marco de las intervenciones territoriales derivadas de la acción del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, tomando igualmente en consideración las determinaciones que se adopten al interior del Consejo Nacional de Estupefacientes en relación con la Política Nacional de Drogas 2023-2033″, indica la directriz.

La directiva también detalla la responsabilidad de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, encabezada por Gloria Miranda, de coordinar acuerdos de sustitución con las entidades del comité operativo. Estos acuerdos deben cumplir con 12 requisitos, incluyendo la focalización territorial y la inclusión de comunidades en el proceso de formulación y monitoreo. Además, se busca la concurrencia de presupuestos gubernamentales para facilitar la transición económica.

Entre los requisitos, se destaca la necesidad de inversiones que fortalezcan la economía legal, como la provisión de bienes y servicios públicos rurales y alternativas productivas sostenibles. También se incluyen compromisos para evitar la resiembra de cultivos ilícitos y metas de reducción de hectáreas sembradas. En caso de inversiones intraprediales, se requiere la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos antes de la intervención estatal.

En el primer requisito se puede leer: “Las entidades del gobierno nacional que pertenezcan al nivel central de la administración o al nivel descentralizado del orden nacional priorizarán recursos de inversión, acorde con sus competencias legales y reglamentarias, para apoyar la sustitución de cultivos de uso ilícito y el tránsito de las comunidades a economías lícitas, en el marco de las transformaciones territoriales para la construcción de paz”

La directiva exhorta a los ministerios y entidades del Consejo Nacional de Estupefacientes a destinar al menos el 50% del presupuesto asignado a la Política de Drogas del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado a la implementación de estos acuerdos. El Departamento Nacional de Planeación será responsable de supervisar la inversión pública en territorios con presencia de cultivos ilícitos y de monitorear la implementación de las acciones acordadas.

“Articularse con acciones derivadas de la implementación de políticas públicas adelantadas por otros sectores administrativos y coordinarse con otras herramientas de planificación y ejecución de intervenciones territoriales”, dice el quinto requisito.

Añade que el “Departamento Nacional de Planeación (DNP) será responsable de realizar el seguimiento a la inversión pública destinada a los territorios con presencia de cultivos de uso ilícito, así como de monitorear la implementación de las acciones contempladas en los Acuerdos de Sustitución.

Este enfoque se da en medio del cumplimiento del acuerdo de paz de 2016 y busca implementar transformaciones territoriales para la construcción de paz, un tema central en las negociaciones de la llamada ‘paz total’. La publicación de esta directiva ocurre en un contexto de operaciones militares en regiones como El Plateado, Argelia (Cauca), donde se ha solicitado que los esfuerzos de recuperación vayan acompañados de inversión pública.