Protocolo de manejo de las protestas recibió aval de ONU Derechos Humanos: ha mejorado con respecto a 2021

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia destacó las recientes transformaciones en la Policía Nacional que buscan mejorar la protección de los derechos humanos y aumentar la transparencia y la rendición de cuentas.

Y es que, a través de un comunicado de prensa, el ente internacional explicó que las reformas implementadas por la fuerza pública en el territorio nacional abarcan la adopción del Decreto Presidencial 1231 de 2024, que alinea el uso de la fuerza con los estándares internacionales, abarcando tanto armas de fuego como menos letales.

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Explicaron en el documento que este decreto es el resultado de un diálogo entre el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y organizaciones de la sociedad civil, facilitado por la Oficina de la ONU.

De hecho, dieron a conocer que la nueva normativa establece que el uso de la fuerza debe ser el último recurso, así como también incorpora el principio de diferenciación y refuerza las medidas de rendición de cuentas por parte de la fuerza pública.

Además, la ONU explicó que vio mejoras en la gestión de las protestas en el país. Para el ente, la adopción de la Resolución 3295 representó “otro paso significativo”, ya que crea un sistema de información para el seguimiento y monitoreo del servicio de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

Frente a ello, Juliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, destacó que ahora se observa un mejor manejo de las manifestaciones y cambios estructurales que promueven una mayor rendición de cuentas.

“Rara vez somos testigos de tal transformación en una institución del Estado: desde el Paro Nacional en 2021, donde observamos el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía que resultó en la muerte de manifestantes y de otras personas, a hoy una situación de mejor manejo de las manifestaciones en las calles y cambios estructurales que permiten una mejor rendición de cuentas”, explicó Rivero.

Así las cosas, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos instó a que se apruebe una regulación más detallada sobre el uso de armas menos letales en el contexto de las manifestaciones, recalcando en la importancia de continuar avanzando en estas reformas para garantizar la protección de los derechos humanos en Colombia.

Paro nacional 2021 representó una de las protestas más violentas en la historia de Colombia

Las protestas en Colombia en 2021 comenzaron el 28 de abril como una manifestación masiva contra una propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno. La reforma, que tenía como objetivo aumentar los impuestos para enfrentar un déficit fiscal, fue percibida por muchos ciudadanos como injusta, especialmente en medio de las dificultades económicas exacerbadas por la pandemia de COVID-19. Estas protestas se extendieron rápidamente por todo el país, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín, y Cali.

La respuesta del gobierno a las manifestaciones fue inicialmente de rechazo, lo que derivó en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Las fuerzas del orden, en muchos casos, fueron acusadas de abusos de poder y uso excesivo de la fuerza. Estos incidentes generaron reacciones de condena tanto a nivel nacional como internacional, provocando un aumento en la participación ciudadana y una ampliación de las demandas, además de la retirada de la reforma.

Con el paso de los días, las protestas evolucionaron hacia un movimiento más amplio que incluía la denuncia de problemáticas como la desigualdad, el desempleo, la falta de oportunidades para los jóvenes y la corrupción gubernamental. Los sindicatos, organizaciones estudiantiles y activistas se unieron al clamor popular, lo que complicó la negociación con las autoridades, quienes se vieron obligadas a entablar diálogos para intentar calmar la situación.

Finalmente, las protestas de 2021 dejaron una marca significativa en la sociedad colombiana. A pesar de la retirada de la reforma tributaria y algunos esfuerzos de diálogo, las tensiones sociales permanecen latentes.