
Bogotá enfrenta un desafío humanitario con la presencia de aproximadamente 1.400 indígenas en las Unidades de Protección Integral (UPI) La Rioja y La Florida, según un informe reciente del distrito.
Estas comunidades, principalmente de los grupos embera chamí y embera katío, viven en condiciones precarias mientras esperan garantías para regresar a sus territorios en Chocó y Risaralda.
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El Gobierno Distrital ha anunciado la implementación de Puestos de Mando Unificado (PMU) en estas ubicaciones, una estrategia similar a la utilizada en el Parque Nacional. Estos PMU operarán las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el objetivo de ofrecer servicios de salud, educación y ayuda humanitaria, además de monitorear riesgos y vulneraciones de derechos, especialmente de niños y adolescentes.
En la UPI La Florida, donde residen alrededor de setecientos indígenas, las condiciones de vida son alarmantes, según lo difundió Citytv. Las familias enfrentan problemas como goteras, falta de agua potable y la necesidad de cocinar con leña debido a la falta de cocinas adecuadas.

La comunidad ha expresado su deseo de retornar a sus territorios con garantías de seguridad y reintegración.
Por otro lado, en la UPI La Rioja, la situación no es menos crítica. Con cerca de 600 indígenas viviendo en condiciones de hacinamiento, el distrito planea instalar un PMU que ofrecerá servicios esenciales y ayudará a mitigar los problemas de saneamiento básico y acceso al agua.
El distrito ha enfatizado la importancia de la corresponsabilidad con los voceros de las comunidades indígenas para mantener y cuidar los espacios proporcionados. Las autoridades realizarán recorridos frecuentes para asegurar el cumplimiento de estas medidas.
Mientras tanto, las comunidades indígenas continúan esperando una solución definitiva que les permita regresar a sus tierras de origen con todas las garantías necesarias para su bienestar y seguridad. La situación sigue siendo un tema urgente en la agenda del Gobierno Distrital, que busca equilibrar la atención inmediata con la planificación a largo plazo para el retorno seguro de estas comunidades.
Controversia en Colombia por imagen indígena embera en billete de 10.000 pesos
Adriana Martínez Dogirama, una mujer de la comunidad indígena embera, ha denunciado que su imagen fue utilizada sin su consentimiento en el diseño del billete de 10.000 pesos colombianos emitido en 1992. El Banco de la República respondió a estas acusaciones afirmando que la imagen en cuestión es una representación ficticia basada en rasgos generales de las mujeres embera, lo que podría haber generado confusiones.

El billete, que circuló hasta 1994, pretendía destacar el papel de la comunidad embera en Colombia. Sin embargo, la explicación del banco no ha convencido a Adriana Martínez ni a su hija, Alejandra Banubio Martínez, quien notó el parecido entre su madre y la figura del billete mientras veía la serie de Netflix El robo del siglo. Esta serie trata sobre el famoso robo a la sucursal del banco en Valledupar en 1994.
Adriana sostiene que la imagen del billete proviene de una fotografía tomada por el fotógrafo Mauricio Pardo cuando ella tenía 14 años. Pardo habría respaldado esta versión mediante una declaración juramentada, en la que asegura que el banco y sus diseñadores utilizaron la imagen sin su autorización.
El Banco de la República, tras revisar sus archivos, mantiene que en mayo de 1988 se inició el proceso de diseño del billete, y que la imagen fue creada a partir de características generales de las mujeres embera, sin basarse en una persona específica. Esta situación ha generado un debate sobre el uso de imágenes de comunidades indígenas en productos oficiales sin su consentimiento explícito.

“...en mayo de 1988, el Banco de la República decidió convocar un concurso para la elaboración de los diseños que se incluirían en el billete. En junio de 1988, fueron publicadas las bases del concurso, estableciéndose los requisitos, definición y forma de presentación de las propuestas. En la convocatoria se determinó que el Banco de la República adquiriría la totalidad de los derechos sobre los trabajos premiados”, afirmó el Banco.
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