En un caso que saca a la luz las relaciones entre el Estado colombiano y los grupos paramilitares, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al general retirado de la Policía Mauricio Santoyo por los delitos de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada. La acusación está relacionada con la desaparición de dos defensores de derechos humanos, Ángel José Quintero y Claudia Monsalve, ocurrida el 6 de octubre del 2000 en Medellín (Antioquia).
Según la Fiscalía y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el general (r) Santoyo, que se desempeñó como jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2005, fue vinculado a hechos que tuvieron lugar hace 24 años, cuando los defensores de derechos humanos fueron secuestrados tras salir de la sede de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes) en Medellín.
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Ambos activistas fueron interceptados por hombres armados, que los obligaron a subir a un vehículo, sin que hasta la fecha se conozca su paradero. El mismo día de la desaparición, Quintero había presentado una denuncia ante la Fiscalía sobre la desaparición de tres familiares, ignorando que su línea telefónica estaba intervenida por agentes de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula).
De esta manera, la Fiscalía sostiene que las desapariciones de Quintero y Monsalve constituyen crímenes de sistema, caracterizados por el grado de organización y colaboración entre actores estatales y grupos armados ilegales. La CCJ señaló que estas desapariciones formaron parte de un patrón de violencia estatal sistemática, que involucró directamente a grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
“Las desapariciones fueron sistemáticas e hicieron parte de un patrón de violencia estatal en colaboración con grupos paramilitares”, afirmó la CCJ. La entidad también indicó que varios exintegrantes de las AUC admitieron la participación de Santoyo en estos crímenes, lo cual refuerza la narrativa de la presunta cooperación entre sectores de la fuerza pública y las estructuras paramilitares para cometer crímenes de lesa humanidad.
Esta acusación se registró en el contexto de un proceso judicial que pretende esclarecer los nexos entre el Estado y los grupos armados irregulares, una de las problemáticas más profundas y dolorosas del conflicto armado colombiano. La resolución de acusación contra Santoyo fue adoptada en primera instancia, lo cual indica que el general retirado enfrentará un juicio penal por estos delitos.
Además, la Justicia Especial para la Paz (JEP) se encuentra actualmente evaluando la posible concesión de libertad transitoria al general retirado, aunque la decisión reciente de la Fiscalía podría tener un impacto directo en este proceso.
“Actualmente, la JEP estudia la libertad transitoria de Santoyo; sin embargo, la reciente decisión de la Fiscalía corrobora lo que la CCJ y las víctimas han denunciado durante 24 años de proceso”, declaró la Comisión Colombiana de Juristas.
La Procuraduría pidió a la JEP liberar al general (r) Santoyo como acto de “confianza”
La Procuraduría General de la Nación solicitó a mediados de junio de 2024 a la JEP que conceda la libertad al general (R) Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, como medida de “confianza”. El Ministerio Público argumentó que el expolicía cumplió con el tiempo mínimo de cinco años de privación de libertad, conforme a la normativa aplicable a los integrantes de la fuerza pública y que su liberación le permitiría recopilar más pruebas que contribuyan a esclarecer la verdad sobre su caso.
En un documento divulgado por W Radio, en su momento, la Procuraduría indicó que, al gozar de libertad, Santoyo podría ubicar información y realizar entrevistas que enriquecerían sus aportes a la verdad. Asimismo, el ente acusador cuestionó la negativa a conceder la libertad, al señalar que no se justificó adecuadamente en la primera instancia.
“Dentro de los dos procesos penales tramitados contra el compareciente no se ha desvirtuado, por ahora, su presunción de inocencia”, argumentó la Procuraduría, añadiendo que no se le puede exigir a Santoyo que se “autoincrimine”.
Mauricio Santoyo, condenado en Estados Unidos por su apoyo al narcotráfico de las AUC, enfrenta en Colombia procesos por paramilitarismo, lavado de activos y desaparición forzada. Desde septiembre de 2021, su caso es tratado en la JEP.
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