El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que el Gobierno no tiene intención de modificar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en respuesta a las declaraciones del consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, que había sugerido su cierre.
Cristo subrayó que la JEP es una institución establecida en la Constitución, con funciones, competencias, periodos, procedimientos y responsabilidades claramente definidos.
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“Nadie ha pensado en tocarla”, aseguró el ministro, añadiendo que mucho menos en el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro, que como senador se opuso a cualquier intento de desmantelar el sistema de justicia transicional.
El ministro también hizo un llamado a la JEP para que acelere la imposición de sanciones efectivas a los excombatientes y miembros de la fuerza pública. “Se requiere mayor celeridad y eficacia. Una especie de acuartelamiento de primer grado para no dilatar decisiones y concentrarse en los máximos responsables. Las víctimas esperan”, afirmó Cristo.
“Sería un perjuicio para el país”
El magistrado Roberto Carlos Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha emitido una advertencia sobre las posibles consecuencias de un cierre prematuro de esta entidad.
Según Vidal, tal medida podría reactivar el examen preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Colombia y llevar a la adopción de medidas adicionales por parte de este organismo internacional.
Vidal expresó su preocupación tras las declaraciones del Comisionado de Paz, Otty Patiño, quien sugirió la posibilidad de cerrar la JEP antes de tiempo. El magistrado subrayó que esta acción podría implicar un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano, lo cual tendría efectos negativos significativos.
“La declaración que produce esta reacción nuestra nos hace temer que el Estado colombiano pudiera incurrir en incumplimiento de sus obligaciones internacionales”, afirmó Vidal.
El presidente de la JEP también destacó el impacto que tendría el cierre de la jurisdicción en los comparecientes, especialmente aquellos que pertenecieron a las extintas Farc y los miembros de la Fuerza Pública, que podrían ver comprometida su situación judicial.
“Un cierre prematuro de la JEP le causaría un enorme perjuicio al país, pero sobre todo a aquellos comparecientes que pertenecieron a las extintas Farc y a los miembros de la Fuerza Pública”, señaló Vidal.
La JEP, creada como parte del Acuerdo Final de Paz, tiene la misión de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado en Colombia. Vidal enfatizó la importancia de que el Gobierno Nacional respete la autonomía judicial de la JEP y garantice los recursos necesarios para su funcionamiento.
“La JEP tiene una función clave a futuro en lo que tiene que ver con la estabilización, la seguridad jurídica, la protección de los derechos de las víctimas, la reconciliación y el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz”, añadió.
Además, Vidal llamó la atención sobre la reasignación del presupuesto del Fondo Colombia en Paz, que ascendía a 450.000 millones de pesos y estaba destinado a la implementación de sanciones para que los comparecientes cumplieran con sus sentencias y restauraran el daño causado a las víctimas y sus comunidades. Esta reasignación de fondos podría afectar la capacidad de la JEP para cumplir con sus objetivos.
“Timochenko” también se pronunció
Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko, ha expresado su preocupación por un posible cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Londoño, último comandante de las antiguas Farc y firmante del Acuerdo de Paz, criticó en su cuenta de X la actuación de la JEP, afirmando que se ha alejado del espíritu y la letra de lo pactado.
Según él, la JEP se ha convertido en una justicia lenta, engorrosa, revictimizante y punitivista. Además, señaló que los magistrados de la JEP han decidido distanciarse de su principal tarea: constituirse en un tribunal de cierre para la construcción de una paz estable y duradera.
El presidente de la JEP, Roberto Vidal, también se refirió al tema, advirtiendo que un eventual cierre de la JEP afectaría gravemente el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Vidal destacó que cualquier cierre prematuro perjudicaría al país, a las víctimas y a los comparecientes, tanto exmiembros de las Farc como miembros de la Fuerza Pública.
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