Las autoridades enviaron a prisión a varios agentes de la Policía Nacional y civiles en el departamento de Norte de Santander por su presunta participación en una red de tráfico de migrantes y contrabando de mercancías en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, se judicializaron diez policías y nueve civiles, quienes habrían conformado una organización dedicada a movilizar ilegalmente migrantes a través de pasos fronterizos no oficiales, conocidos localmente como trochas. El ente acusador imputó a los detenidos diversos cargos como concierto para delinquir, cohecho propio y por dar u ofrecer, tráfico de migrantes, tráfico de estupefacientes, favorecimiento al contrabando, prevaricato y fraude procesal.
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Según dio a conocer la autoridad judicial, ninguno de los imputados se allanó a los cargos formulados en su contra. Las capturas se realizaron en diferentes operativos llevados a cabo por la Dijin de la Policía Nacional en Villavicencio (Meta), Cúcuta y El Zulia (Norte de Santander), durante los cuales se confiscaron 16 teléfonos celulares y 365 autopartes.
Con base en la investigación, que tomó aproximadamente un año, entre agosto de 2023 y junio de 2024, esta red ilegal permitió la entrada de ciudadanos venezolanos que buscaban llegar a destinos como Ipiales (Nariño) y Necoclí (Antioquia). La indagación destacó que la organización utilizaba una propiedad en el centro histórico de Villa del Rosario, cerca de la frontera, como sede principal de operaciones.
Teniendo en cuanta lo anterior, por solicitud de la Fiscalía, un juez con funciones de control de garantías ordenó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario para los policías involucrados, mientras que los civiles fueron puestos bajo detención domiciliaria.
Los uniformados judicializados son: Carlos Fernando Escobar Urbina, Alexis Reyes Monsalve, Fernando Enrique Pérez Canoles, Juan Carlos Jurado Carvajal, Viviana Alexandra Arévalo Orejuela, Mauri Alejandro Rojas Bravo, Jefferson Páez Urrego, David Alexander Paredes Huaman, Fredy Orlando Jerez Becerra y Humberto Jaime Blanco Flórez.
Entre los civiles procesados se encuentran: Hibar Jesús Botello Rincón (alias Chucho o Medidas), Jorge Rodríguez Porras (alias Wicho), Yeferson Alexander Toro (alias El Paisa), Diomedes Díaz Porras (alias Diomedes), Juan de Jesús Alvarado Núñez (alias Carepiedra), Lilibeth del Carmen Borge Vidal, Samuel Gustavo Sánchez González (alias Flow), Eduardo Jesús González León e Irene Yovana Hurtado Luque.
Esta operación de gran escala refleja los esfuerzos continuos de las autoridades colombianas para desmantelar redes criminales que operan en la región fronteriza, comprometiendo tanto a civiles como a miembros de las fuerzas del orden en actividades ilícitas que socavan la seguridad y la legalidad en el país.
El Código Penal colombiano establece severas penas por tráfico de migrantes
Cabe acotar que, el tráfico de migrantes en Colombia es regulado por el Código Penal en su Artículo 188, que establece penas severas para quienes promuevan, induzcan, financien, colaboren o faciliten la entrada, salida o permanencia ilegal de personas en el país. Las sanciones oscilan entre 8 a 12 años de prisión y multas que van de 800 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Además, existen agravantes que pueden incrementar la condena, como si el delito involucra a menores de edad, si pone en peligro la vida o la integridad de los migrantes, o si se comete en condiciones que menoscaban la dignidad humana, de acuerdo a la Ley 599 de 2000. En Colombia, el problema del tráfico de personas ha aumentado con la situación de migración masiva, especialmente desde Venezuela, donde la crisis ha llevado a millones a cruzar la frontera en busca de mejores condiciones de vida. Los migrantes son frecuentemente objetivos de redes de tráfico que explotan sus necesidades y desesperación.
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