Esto se sabe del escalofriante plan de violación masiva contra indígenas en Bogotá

La Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja es uno de los lugares que el Distrito entregó a la comunidad emberá como lugar de paso, pero ha sido cuestionado por los funcionarios y vecinos del sector debido a las cosas que suceden allí.

En este lugar se ha registrado un alto hacinamiento, así como malos comportamientos por parte de los indígenas. Las personas asentadas en La Rioja hablaron con Semana, y afirmaron que en esa UPI no hay líderes, sino cabecillas pertenecientes a una red que se dedica a explotar mujeres y niños por medio de la mendicidad.

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De acuerdo con las primeras informaciones, las personas que se atrevieron a denunciar fueron secuestradas y amenazadas de una violación en masa. El medio anteriormente mencionado aseguró que 170 mujeres y niños de la comunidad emberá chamí fueron intimidados, raptados y sometidos a lo que sería una violación en masa hecha por otra comunidad indígena que también se aloja en La Rioja, los Katío.

“Casi nos violan, nos secuestran, hicieron un cierre de un salón por dos días”, dijo Luz Mery Queragama, líder de las mujeres y niños que terminaron desplazados por las amenazas. Gracias a una intervención de la Defensoría del Pueblo y del Gobierno se logró rescatar a las mujeres y niños emberá chamí.

Luego de la liberación, las autoridades comenzaron a hacer la búsqueda de un espacio adecuado para alojarlos, el Ministerio del Interior acudió a la fundación Predicadores de la Misericordia para brindarles la ayuda necesaria; sin embargo, se estimaba que estarían allí por solo 8 días, pero llevan más de un año en la ciudad.

El hogar temporal queda ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá, en el segundo piso de una vivienda que también brindaba alojamiento para los habitantes de calle de la capital. La promesa del Gobierno incluyó un aporte económico de 8 millones de pesos que se hizo en dos contados para cubrir las necesidades básicas de esta población, pero los delegados de la nación no volvieron a aparecer ni a contestar llamadas.

“Desde mi labor como sacerdote, como evangelizador, hoy me siento abandonado, casi en la calle. No hemos podido garantizar lo que merecen los indígenas porque no hemos tenido ningún apoyo”, afirmó el padre Michael Daniel Cuevas, quien es la cabeza de la fundación.

Las 170 mujeres y niños de esta comunidad permanecen hacinados en el segundo piso del hogar el Buen Samaritano. Sus condiciones son preocupantes, pues apenas tienen dos baños sin puerta, cocina sin ventilación y una fila de camarotes cubiertos de cobijas; por otro lado, no hay ventanas, hay humedad y poca luz.

En el lugar hay alrededor de 60 familias que deben turnarse la cocina, lo que genera que muchas veces no puedan comer. Los niños solo reciben una comida al día. “Siempre nos engañan, nosotros también somos humanos, necesitamos respeto (…) No somos animales, ni culpables, llegamos por un desplazamiento del conflicto armado, necesitamos que nos ayuden, por favor”, agregó la líder de las mujeres.

El padre Michael aseguró que como fundación están debiendo el arriendo, los servicios y los suministros. Por el momento viven de la caridad, las donaciones y del trabajo de 30 hombres de esta comunidad que se lograron ubicar como escobitas de una empresa de aseo en Bogotá.

Las mujeres indígenas, con esperanza de recibir la ayuda que el Gobierno les ha negado durante más de un año, se cansaron de las promesas. “Muchas veces el Gobierno nos engaña y nos dice mentiras. Hablan bonito y después salen con otras cosas. No queremos más mentiras”, manifestaron.