Revelan carta del Ministerio de Defensa de Petro en la que se negó tener rastro del software Pegasus

La denuncia pública que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, el 4 de septiembre, en una alocución, relacionada con la presunta compra de un software espía llamado Pegasus que se habría hecho durante la administración del expresidente Iván Duque, sigue generando dudas. Pues, ya la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, anunciaron investigaciones sobre la adquisición del virus, de la cual no hay rastro alguno.

Las sospechas sobre la presunta utilización fraudulenta de Pegasus en Colombia no son nuevas. El 16 de abril de 2024, Alexandra Paola González Zapata, secretaria de Gabinete del Ministerio de Defensa, en cabeza de Iván Velásquez, informó que no existe ningún documento que compruebe la compra del software. Así lo confirmó en una respuesta a un listado de preguntas enviado por el secretario de la Comisión Segunda del Senado, Diego Alejandro González.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los dos primeros cuestionamientos se centraron en verificar si, en efecto, existió una negociación para comprar el virus, el medio de pago utilizado y quién tiene el control de este en Colombia. Asimismo, buscaron identificar si la empresa NSO Group fue la beneficiaria del contrato para su adquisición. La respuesta de la cartera fue negativa.

“De acuerdo con la información de Policía Nacional y la Central Administrativa y Contable Especializada Inteligencia (Cenac-Inteligencia) del Ejército Nacional, no se ha adquirido un software que corresponda a la denominación Pegasus y tampoco ha obtenido un equipo o software de la empresa NSO Group”, se lee en el documento, revelado por El Tiempo.

De igual manera, el ministerio informó que la inteligencia militar y policial colombiana no cuentan con algún software o equipo que tengan la capacidad de intrusión en teléfonos, celulares o computadores.

Además, indicó que se da cumplimiento a la Ley Estatutaria 1621 de 2023, en la que se establece que el objetivo de las acciones de inteligencia y contrainteligencia debe ser la protección de los derechos humanos, así como la prevención y lucha contra amenazas que pongan en riesgo la democracia, la seguridad y la constitucionalidad del país.

Por último, la cartera aclaró que la compra de equipos para el desarrollo de sus tareas se lleva a cabo en pleno cumplimiento de la normativa vigente. “Siempre se realiza en observancia de la Constitución política, de la ley de inteligencia y contrainteligencia, las leyes de contratación pública y demás normas aplicables”, detalla el documento.

Las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría

Al igual que el Ministerio de Defensa, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que no hay certeza alguna de que el virus en cuestión haya sido utilizado para actividades de espionaje, de las cuales habrían sido víctimas magistrados de las altas cortes.

Asimismo, precisó que, si bien es cierto que el Ministerio de Defensa no halló documentación oficial al respecto, hay una autoridad extranjera que sí parece tener datos de la compra de Pegasus en Colombia. Se trata de Impa, una agencia tributaria suiza, que encontró movimientos de dinero presuntamente irregulares correspondientes a 11 millones de dólares en un banco israelí. La Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) de Colombia habría hecho la adquisición del virus.

“Nosotros veníamos investigando a partir de la información que nos trasladó el presidente de la Corte Constitucional. Veníamos investigando si existían infiltraciones a teléfonos más que interceptaciones, porque entendemos que se trata de software mucho más complejos como este Pegasus. Entonces, en el marco de esa investigación, asumimos esta nueva línea de investigación”, detalló la fiscal.

Por su parte, la Procuraduría solicitó a la Unidad de Análisis Financiero de Colombia (Uiaf) el informe que citó el presidente en su alocución, con base en el cual hizo la denuncia pública. La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública hará una recolección de pruebas para determinar cómo fue el proceso de contratación.