La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de suspensión impuesta al exalcalde de Cartagena William Dau Chamatt, por irregularidades relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Este programa, crucial durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia del covid-19, estuvo en el centro de una investigación por sobrecostos que superaron los 527 millones de pesos. La entidad reveló que las decisiones tomadas en torno a la contratación de este programa no solo afectaron las finanzas públicas, también reflejaron una falta de control adecuada.
El fallo, emitido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos, no solo afectó al exalcalde, también a la exdirectora de Cobertura Educativa de la Secretaría de Educación Alexandra Herrera Puente, que recibió una suspensión de ocho meses por su participación en los hechos.
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La investigación arrojó que los sobrecostos en alimentos como el arroz, lentejas, huevos y atún fueron resultado de un estudio de costos inadecuado y deficiente. Este análisis, elaborado por la directora de Cobertura Educativa, no siguió los principios de objetividad y razonabilidad necesarios.
El proceso investigativo, que incluyó la participación de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, concluyó que tanto el exalcalde como la exfuncionaria cometieron una “falta gravísima” al gestionar el contrato. Los sobrecostos generaron un perjuicio directo al patrimonio público en un momento crítico, cuando los recursos eran vitales para garantizar el acceso a alimentos de calidad para los estudiantes de la ciudad durante la pandemia.
El fallo establece que la sanción de Dau Chamatt equivale a los salarios devengados durante la época de los hechos, sumando un total de 121 millones de pesos. En el caso de Herrera Puente, la cifra asciende a 85 millones de pesos. Ambos montos corresponden a los ingresos percibidos en el periodo de la contratación irregular y serán deducidos de sus ingresos.
La Procuraduría argumentó que la ejecución del fallo debe realizarse de manera inmediata, sin opción de apelación. Este tipo de decisiones buscan asegurar que los funcionarios públicos actúen de acuerdo con los principios de transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado.
Este caso también generó un fuerte debate en la opinión pública, ya que el PAE es un programa fundamental en Colombia, sobre todo en tiempos de crisis. Los sobrecostos en alimentos básicos, en un contexto de emergencia, generó cuestionamientos sobre la gestión pública y el manejo de los recursos destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Más escándalos de corrupción
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar presentó cargos contra Jorge Camilo Carrillo Padrón, exdirector de la oficina jurídica del Distrito de Cartagena; la excontratista Analicia Milena Martelo del Río; y el abogado Jorge Adib Blell Cervantes, por su presunta implicación en un caso de peculado por apropiación.
La investigación surgió tras una denuncia en la que se señalaba que, en julio de 2019, los acusados se habrían apropiado de más de 4.236 millones de pesos pertenecientes al Distrito. El dinero estaba vinculado a títulos de depósitos judiciales en un proceso ante un juzgado civil de Cartagena.
Según las pruebas presentadas, Carrillo Padrón habría otorgado poderes a Martelo del Río y Blell Cervantes para gestionar el cobro de dichos títulos y dirigir los fondos hacia las cuentas de la Alcaldía. No obstante, aunque el dinero fue cobrado, nunca se reflejó en el presupuesto distrital.
Martelo del Río fue capturada por agentes del CTI en la vía entre Cartagena y Barranquilla, mientras que Blell Cervantes fue detenido en el corregimiento de La Boquilla. Carrillo Padrón se entregó voluntariamente en Bogotá. Los tres procesados admitieron los cargos imputados por la Fiscalía. Blell Cervantes fue puesto bajo detención domiciliaria, mientras que los otros dos enfrentan el proceso en libertad.
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