Las perlas de la reforma política que radicó el Gobierno Petro en el Congreso: el voto sería obligatorio en Colombia y el transfuguismo estaría permitido

Después de que el presidente Gustavo Petro cumpliera dos años desde su llegada a la Casa de Nariño, este martes 3 de septiembre sus aliados del Pacto Histórico volvieron a radicar el proyecto de ley que pretende reformar los lineamientos para ejercer la política en Colombia.

Según se conoció, al menos 18 congresistas, liderados por el representante Alirio Uribe Muñoz, apoyan la idea del presidente Petro de hacer una reforma política que, en últimas, beneficiaría a todos los miembros del legislativo, además de imponer nuevas normas a la población votante del país.

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Entre las propuestas más destacadas de la nueva reforma al sistema político colombiano se encuentra la reintroducción del transfuguismo. De acuerdo con el proyecto, los miembros de cuerpos de elección popular podrían cambiar de partido una sola vez, sin recibir sanciones y sin perder su curul, dos meses después de la promulgación.

Además, el proyecto busca otorgar personería jurídica a los movimientos políticos que cuenten con una base de afiliados equivalente al 0.2% del censo electoral nacional. Actualmente, esta personería solo se reconoce a los partidos que consiguen al menos el 3% de los votos en las elecciones.

El proyecto también amplía este reconocimiento a nivel regional, siempre que los movimientos políticos tengan un número mínimo de afiliados correspondiente al 1% del censo electoral respectivo, ampliando las posibilidades de los colombianos para hacer parte de las elecciones nacionales y regionales.

Sin embargo, las modificaciones que propone el Gobierno Petro también afectaría la financiación de las campañas políticas. El proyecto plantea que el Estado sea el único financiador de las campañas electorales, eliminando la participación de financiamiento privado; es decir, los nuevos candidatos a cargos de elección popular que estén avalados por partidos con personería jurídica serían financiadas exclusivamente con recursos estatales, mediante anticipos y reposición de gastos.

Entre otros cambios, la nueva reforma política, que deberá surtir ocho debates antes de convertirse en una realidad, también impondría fuertes sanciones a quienes violen los topes máximos de financiación de campañas a partir de la vigencia del proyecto, incluyendo la pérdida de investidura o del cargo. Justamente, el presidente Gustavo Petro se encuentra en una polémica haber usado, al menos, cinco mil millones de pesos adicionales a los permitidos.

En un intento por limitar la reelección, la iniciativa del Pacto Histórico estipula que nadie podrá ser elegido por más de tres periodos consecutivos para cargos como senador, representante a la Cámara, asambleísta departamental, concejal distrital o municipal, o miembro de las juntas administradoras locales.

Además, contempla la posibilidad de relajar los requisitos para ser candidato al Congreso de la república que, actualmente, exige una edad mínima de 25 años, en el caso de la Cámara de Representantes, y de 30 años para el Senado. Sin embargo, la norma se rebajaría a los 18 años para las dos corporaciones.

De los puntos más neurálgicos que propone la nueva reforma política de Colombia está la modificación del actual sistema de voto, que hasta ahora no obliga ni castiga a la población electoral a ejercer su derecho.

Sin embargo, la iniciativa plantea que, a partir de la vigencia de la reforma, todos los colombianos habilitados para votar estarán en la obligación de hacerlo, garantizando la objeción de conciencia y eliminando sanciones para quienes no puedan votar por causas de fuerza mayor o caso fortuito.

Incluso, se contempla la implementación del voto electrónico para mejorar la agilidad y transparencia de las votaciones, lo que se traduce a un modelo similar al que actualmente rige en Venezuela y que mantiene a ese país bajo el escrutinio internacional por presuntos fraudes en la reelección de Nicolás Maduro como presidente.

Finalmente, el proyecto sugiere modificar las reglas de participación de grupos políticos para establecer listas únicas, cerradas y paritarias, y consultas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para definir el orden de las candidaturas.

Sin embargo, de llegarse a aprobar la nueva reforma en el Congreso, se estipula que los primeros cambios se verían apenas en el 2030, con excepción del transfuguismo, que entraría en vigencia apenas dos meses de aprobado el nuevo sistema político colombiano.