Boom cocalero: el crecimiento económico en Colombia que esconde una crisis estructural y humanitaria

Un estudio realizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) y la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y divulgado por El Tiempo puso en evidencia el significativo impacto económico que los cultivos de coca tuvieron en Colombia, especialmente durante el auge cocalero que se vivió entre 2014 y 2019. Aunque esta economía ilícita generó un aumento considerable en el Producto Interno Bruto (PIB) municipal, sus efectos a largo plazo plantean serias dudas sobre su sostenibilidad y el bienestar de las regiones involucradas.

El análisis, titulado ‘Crecimiento local basado en la coca y su impacto socioeconómico en Colombia’, utilizó un enfoque basado en el análisis de luces nocturnas captadas por satélites para estimar la actividad económica a nivel municipal. Esta metodología permitió a los investigadores medir los cambios en el PIB en zonas donde la información económica desagregada a nivel municipal es escasa.

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Lucas Marín, investigador del Cesed, explicó al medio antes mencionado que, “los datos de la intensidad de las luces nocturnas se han utilizado en estudios internacionales para estimar la actividad económica de una zona, lo que nos permitió realizar un análisis detallado en Colombia”.

El estudio reveló que la bonanza cocalera contribuyó a un aumento del PIB municipal entre un 2,8% y un 10,5% a nivel nacional, con impactos aún mayores en las zonas rurales, donde se concentra la mayor parte de la producción de coca. En estas áreas, el crecimiento del PIB llegó al 77,3%, lo que demuestra la profunda dependencia económica de estas comunidades en torno a la coca. Incluso en áreas urbanas y más pobladas, donde las actividades comerciales son más variadas, el impacto fue notable, alcanzando hasta un 29,2%.

Un factor clave que impulsó este auge fue el anuncio en 2014, antes de la firma del Acuerdo de Paz, de un programa de sustitución de cultivos, que finalmente comenzó a implementarse en 2017. Este anuncio llevó a un aumento del 150% en las hectáreas cultivadas con coca, pasando de 68.000 a 171.000 hectáreas en solo un año.

Según el estudio, este incremento no solo se tradujo en más cultivos, también en un efecto multiplicador significativo en la economía local. Marín explicó que “por cada dólar que se produce de hoja de coca, se está generando en el PIB municipal entre 1,17 y 2,30 dólares”, lo que resalta cómo esta economía ilícita se convirtió en un motor económico para muchas comunidades.

“Aunque el crecimiento local basado en la coca puede generar beneficios económicos de corto plazo, sus beneficios a largo plazo son cuestionables”, señaló el informe. De hecho, tres años después del auge cocalero, muchas de las regiones que experimentaron este crecimiento ahora enfrentan una grave crisis humanitaria y nutricional debido a la caída de la comercialización y los precios de la pasta de coca. Esto sugiere que no se resolvieron las limitaciones estructurales necesarias para un desarrollo sostenible en estas áreas.

El estudio también abordó el impacto de la coca en la dinámica de violencia en el país. Contrario a lo que se podría esperar, los investigadores no encontraron una correlación directa entre el aumento de los cultivos de coca y el incremento en los niveles de violencia, incluyendo la presencia de grupos armados y las tasas de homicidios. Marín explicó que “los cambios en cultivos de coca no se están asociando con cambios en esos indicadores de violencia”, lo que indica que la violencia no es necesariamente una consecuencia directa de los mercados de la coca.

Además, el análisis reveló que el cese del fuego pactado con las Farc, que coincidió con el inicio de la bonanza cocalera, no tuvo un impacto significativo en la economía de la coca. Los investigadores concluyeron que “creció el PIB no por el cese de fuego, sino por la bonanza cocalera”, lo que señala que los cambios económicos en las regiones afectadas fueron impulsados principalmente por la expansión de los cultivos de coca y no por factores relacionados con el conflicto armado.