El Frente 28 José María Córdoba del Estado Mayor Central de las Farc y otras estructuras armadas ilegales han puesto en riesgo los derechos fundamentales de diez pueblos indígenas en el resguardo Caño Mochuelo, localizado en las zonas rurales de Hato Corozal y Paz de Ariporo, en Casanare.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 020 de 2024 para advertir del peligro que enfrentan estas comunidades, entre las que se encuentran los pueblos Sikuani, Piapoco, Sáliva y Amorua, de tradición sedentaria, así como los Maiben Masiware, Wamonae, Waüpijiwi, Yamalero (Mayaleros), Tsiripus y Yaruros, de tradición nómada.
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La situación en el resguardo Caño Mochuelo es particularmente delicada porque grupos disidentes del Frente 28 impiden a las autoridades tradicionales indígenas tomar decisiones autónomas sobre sus comunidades, imponiendo su propia “justicia” para asegurar un control absoluto del territorio. Esta imposición amenaza no solo a las autoridades étnicas, sino a todos los indígenas de las comunidades, quienes se ven obligados a someterse a las condiciones impuestas por el grupo rebelde.
Ante esta grave situación de derechos humanos, la Defensoría solicitó la intervención urgente del Estado para proteger los derechos a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de estas comunidades indígenas. De acuerdo con la entidad, se requiere un trabajo articulado y diferencial que considere la tradición cultural nómada de algunos de estos grupos, para abordar de manera adecuada las amenazas que enfrentan.
Otra inquietud derivada del control territorial y los posibles enfrentamientos armados es la amenaza a las formas de sustento de estas comunidades, incluyendo cultivos y prácticas alimentarias esenciales. Esto podría comprometer la subsistencia de los más vulnerables, como niños, adolescentes, mujeres y ancianos.
Por ello, la implementación de medidas de prevención orientadas a la seguridad alimentaria y la atención humanitaria es crucial, según indicó la Defensoría, precisando que es necesario acompañar y neutralizar las pretensiones de los actores armados ilegales, garantizando siempre el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, su jurisdicción especial, autonomía territorial y dinámica cultural.
La alerta temprana emitida por la Defensoría también insta al Ministerio del Interior a cumplir con las medidas de prevención y protección adoptadas, así como a activar los mecanismos de respuesta rápida frente a posibles vulneraciones de derechos humanos y violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Para la entidad, el liderazgo del Ministerio del Interior es fundamental para proteger y preservar la diversidad étnica y cultural, mitigar el riesgo para las comunidades afectadas y asegurar el respeto a sus derechos culturales, de autonomía y jurisdicción especial.
Cabe recordar que, a comienzos de julio de 2024, la Defensoría emitió otra alerta en el sur de Casanare, concretamente para las poblaciones de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva y sus zonas rurales, debido al riesgo que corren las comunidades por cuenta de la disputa territorial entre grupos amados ilegales que delinquen en el lugar.
La situación de violencia en el territorio dejó en evidencia que hay tres escenarios de riesgo relacionados entre sí, como lo son el proceso de consolidación del control armado ilegal ejercido por el Clan del Golfo, su accionar violento y la injerencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de su frente José David Suárez, y de facciones disidentes de las Farc, particularmente de sus Frentes 28 y 10 del Estado Mayor Central (EMC).
Entre la población en riesgo de varias formas de violencia están organizaciones comunitarias y campesinas, víctimas del conflicto armado, niñas, niños y jóvenes, firmantes de paz, mujeres, servidores públicos de las regiones mencionadas, agricultores, ganaderos, reclamantes de tierras, población socialmente estigmatizada, sindicalistas, comerciantes, transportadores, docentes, estudiantes, entre otros.
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