La Contraloría General de la República culminó una Auditoría Financiera al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), en la que encontró una gestión ineficaz de los recursos, que estaban destinados a satisfacer las necesidades de la población más vulnerable del país.
En esta auditoría se evaluaron los estados financieros de Prosperidad Social al 31 de diciembre de 2023 y se establecieron 21 hallazgos administrativos, de los cuales 17 tienen presunta incidencia disciplinaria y 10 con incidencia fiscal por un valor superior a los $108.869 millones. Adicionalmente, se solicitaron dos aperturas de indagación preliminar por más de $46.717 millones.
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De acuerdo con la Contraloría, para 2023, Prosperidad Social contó con una asignación de $9,8 billones, distribuida en 18 proyectos de inversión, la cual tuvo una ejecución total a nivel de compromisos de 85%, presentando una pérdida de apropiación de $1,4 billones en 15 proyectos de inversión.
En ese año, la baja ejecución de los programas de inversión de Prosperidad Social se dio por debilidades en los trámites de aprobación de vigencias futuras, ampliación de cronogramas para la revisión y aprobación de las fichas técnicas, demoras en la investigación de mercados y análisis del sector, y de igual forma en los estudios previos y publicación de procesos contractuales, entre otras.
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Lo anteriormente descrito deja de manifiesto una “insuficiente gestión” del presupuesto por parte del ordenador del gasto de la entidad, como también de los directores a cargo de la formulación y ejecución de los proyectos, producto de fallas en la planificación, estructuración, ejecución y cumplimiento de lo planeado, teniendo en cuenta que si bien se solicitaron y asignaron recursos destinados a la satisfacción de las necesidades de la población objeto de intervención, estos no se ejecutaron en su totalidad.
De los cruces de las bases de datos suministradas por Prosperidad Social, se pudo establecer que la información que soporta los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Compensación del IVA y Colombia Mayor, “no cuenta con las condiciones de exactitud, integridad, actualización, coherencia, relevancia, accesibilidad y confiabilidad que se requiere para la toma de decisiones al interior de la entidad”.
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Pagos a beneficiarios fallecidos y también a personas sin derecho
La Contraloría advirtió que se siguen presentando casos de pago a beneficiarios fallecidos. Lo anterior por debilidades en el proceso de verificación de criterios de pertenencia y permanencia de las personas cobijadas por los diferentes programas auditados, permitiendo que quienes no cumplen con las condiciones establecidas en la norma, sean favorecidos y cobren los incentivos sin tener derecho a ello.
En los diferentes programas se encontraron: trasferencias a fallecidos según cruce de información con la Registraduría Nacional, beneficiarios que han declarado renta ante la Dian, incumplimiento de criterios de permanencia y pertinencia por encontrarse registrados en bases de datos con otros beneficios excluyentes según lo estipulado en cada programa, Colpensiones, Colfondos, Cremil, Casur, Ruaf Adres y Pila.
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Pagos de Jóvenes en Acción
Un hecho relevante que se evidenció en la auditoría de la Contraloría fue que los incentivos del Programa Jóvenes en Acción, solo se contemplan criterios de focalización y no de permanencia en el programa. Lo anterior permite perpetuar en el tiempo el pago de beneficios a jóvenes cuyos ingresos superan los índices de pobreza establecidos por el Dane durante 2023.
Así mismo, en el proceso auditor se estableció que beneficiarios de este programa se encuentran reportados en bases de datos de fondos de pensiones como beneficiarios y con ingresos superiores a un salario mínimo legal vigente. Finalmente, se encontraron beneficiarios reportados por la Dian que declararon renta de los años gravables 2021 y 2022.
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