Ministra de Agricultura detalló la estrategia que hay para una reforma agraria “integral y justa” del Gobierno

Martha Carvajalino asumió el cargo de ministra de Agricultura el 2 de julio, exactamente un mes atrás, después de que el presidente Gustavo Petro solicitara la renuncia de Jhenifer Mojica. Esta decisión coincidió a pocos días del inicio de un nuevo periodo legislativo, momento en el cual se pretende presentar una ambiciosa reforma agraria que promueva un campo más productivo y justo, en línea con los planes del Gobierno y que en el Congreso ya lo ven con buenos ojos.

Así, la ministra concedió su primera entrevista a la revista Cambio para explicar y detallar las acciones y desafíos en el proceso de implementar la reforma. Es importante mencionar que este proyecto ya enfrenta varios obstáculos, dado que las reformas del Gobierno fueron objeto de críticas, algunas archivadas y otras rechazadas. La oposición argumenta que muchas de estas iniciativas no beneficiarían al pueblo colombiano y podrían perjudicar los sistemas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El presidente Petro se comprometió a obtener un millón y medio de hectáreas de los tres millones pactados en el Acuerdo de Paz para redistribuir tierras a los campesinos. Sin embargo, Carvajalino reconoce que la reforma agraria enfrenta dificultades debido a la deconstrucción de la institucionalidad agraria durante los últimos 30 años.

“Hemos fortalecido esta institucionalidad para implementar los mecanismos de esa reforma a partir de la compra de tierras por oferta voluntaria de sus propietarios”, explicó para la revista citada.

Hasta la fecha, se adquirieron 185.000 hectáreas bajo el actual Gobierno, de las cuales cerca de 100.000 están destinadas a comunidades campesinas. Además, se identificaron y gestionaron otras 100.000 hectáreas provenientes de procesos judiciales, lo que elevó el total a 285.000 hectáreas en el Fondo de Tierras. Carvajalino destacó que están próximas a ingresar 24.000 hectáreas más provenientes de procesos de donación y recuperación de baldíos.

Carvajalino enfatizó la necesidad de ajustar medidas para facilitar la adquisición de tierras, centrándose en las tierras altamente concentradas y poco productivas, especialmente en regiones como Córdoba, Sucre y Magdalena Medio: “Estamos diseñando un programa especial de dotación de tierras para fortalecer el proceso de gobernanza y compra de terrenos”,

La jefa de cartera reconoció la importancia de la continuidad y la transparencia en la implementación de la reforma agraria. “Hemos definido que compramos directamente a los propietarios, no a intermediarios, para asegurar que la negociación con el Estado sea transparente”, afirmó. Además, mencionó el lanzamiento de un nuevo mecanismo por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para recabar más información y asegurar que las tierras ofertadas cumplan con los requisitos necesarios para la reforma.

Así mismo, la ministra informó que hay 735.000 hectáreas en proceso de formalización para pueblos étnicos y comunidades campesinas. “Esto lo que hace es sanear el mercado de la tierra en el país y permitir que quienes ocupan un territorio ancestral o campesino puedan avanzar de manera más segura en su relación de tenencia”, aseguró.

A pesar de las críticas sobre la lentitud del proceso, la ministra explicó que ya realizaron entregas materiales y que más de 98.000 hectáreas están en proceso de titulación, con una relación de ocupación protegida por el Estado.

La alta funcionaria reconoció los retos de la titulación de tierras, pero aseguró que se está implementando un plan de choque para acelerar el proceso, reforzando equipos y colaborando con la Superintendencia de Notariado y Registro. Además, enfatizó en la necesidad de una institucionalidad fuerte para llevar a cabo una reforma agraria efectiva, y mencionó que se están realizando esfuerzos para fortalecer el diálogo con los movimientos sociales.

La ministra también abordó la falta de conocimiento general sobre las políticas de apoyo a la agricultura. “La política agropecuaria se desconoce”, afirmó, citando el proceso de privatización de servicios agropecuarios en las últimas décadas como un obstáculo. En cuanto al riego y drenaje, explicó que la Agencia de Desarrollo Rural es la entidad principal para proyectos grandes, mientras que la asistencia técnica está disponible a través del Banco Agrario y otros mecanismos de financiamiento.

En cuanto a la crítica de que el Gobierno Petro está volviendo a métodos de reformas agrarias previas, la ministra defendió el enfoque actual. “Hay un compromiso implícito que no se ha cumplido en este país”, dijo. “La reforma agraria requiere una institucionalidad fuerte” y un diálogo efectivo con el movimiento social.

La ministra resaltó la importancia de la reforma agraria como una “apuesta de país” para transformar el campo y mejorar la vida de los campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. “Queremos convertir esas tierras en despensa agroalimentaria del país y del mundo”, expresó para la revista Cambio.

Por su parte, la concejala Heidy Sánchez, por medio de su cuenta en X (antes Twitter) destacó la importancia de avanzar en la reglamentación de la jurisdicción agraria para garantizar una efectiva redistribución de la tierra y resolver los conflictos existentes, respecto a la entrevista que concedió la ministra.

“Las normas vigentes permiten redistribuir la tierra y superar sus conflictos, para ello, hay que reglamentar la jurisdicción agraria. Se debe avanzar en entrega de tierras a campesinos, indígenas y población afrocolombiana. Clarificar la propiedad de la tierra permite tener mayor seguridad jurídica de la mismas, impulsar el desarrollo rural mediante la inversión estatal y trabajar de la mano con otras entidades con @MinAmbienteCo para proteger los recursos naturales”, compartió Sánchez.