Petro se negó a firmar ley que beneficia a madres gestantes, porque no incluyó a hombres trans ni a personas de género fluido

El Gobierno nacional objetó un proyecto de ley presentado en el Senado de la República que busca entregar kits de necesidades básicas a madres gestantes y recién nacidos, argumentando inconstitucionalidad.

El documento oficial de objeción, firmado por la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, se entregó el 25 de julio. Según el texto, el uso del término “mujeres gestantes” en lugar de “personas gestantes” es excluyente y vulnera el principio constitucional de igualdad.

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El proyecto de ley, conocido como “Mamá, cuentas conmigo”, fue impulsado por los congresistas Mauricio Giraldo y Luis Miguel López, del Partido Conservador. La iniciativa busca proporcionar a las mujeres embarazadas un kit con pañales, productos de higiene, un ajuar y otros elementos esenciales para el parto.

Sin embargo, el Gobierno sostiene que referirse solo a “mujeres gestantes” excluye a “hombres trans y personas no binarias”. La vicepresidenta argumentó que esta terminología representa una “omisión legislativa relativa que vulnera el principio constitucional de igualdad”.

La también ministra de la Igualdad, en su comunicación al Senado, enfatizó que el término “mujeres” desestima, según ella, el enfoque de género establecido en la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional reciente. Esto ha suscitado una reacción negativa entre los sectores conservadores y opositores a la ideología de género.

Se considera desde la orilla del Gobierno de izquierda que la inclusión de hombres trans y personas no binarias en la ley es fundamental para cumplir con las normativas de igualdad y no discriminación.

Además de la objeción sobre la terminología empleada, el Ministerio de la Igualdad también cuestionó los requisitos para acceder al kit. Según la iniciativa, la madre debe haber completado al menos cuatro controles prenatales para ser elegible para el kit. El Gobierno argumentó que esto va en contra del artículo 43 de la Constitución Política, que garantiza asistencia y protección especial durante y después del parto.

La vicepresidenta Francia Márquez señaló que hacer estos controles prenatales obligatorios desconoce que muchas personas gestantes podrían estar excluidas de la cobertura del servicio de salud prenatal por razones de vulnerabilidad o ubicaciones geográficas, lo que haría desproporcionado no otorgarles el kit. “Por cultura o creencias, las mujeres podrían no realizarse cuatro controles prenatales, por lo cual piden no volverlo obligatorio”, expresó la funcionaria.

El Ejecutivo sugiere que el proyecto debe volver al Congreso para ser “corregido” en estos dos aspectos. Dicho proyecto ya fue aprobado por el Congreso y está a la espera de sanción presidencial, pero ahora su implementación podría retrasarse debido a estas objeciones.

Francia Márquez ha citado sentencias judiciales para respaldar su postura, indicando que el uso de “mujeres gestantes” en lugar de “personas gestantes” configura una omisión legislativa y vulnera el principio de igualdad.

Los autores del proyecto, Mauricio Giraldo y Luis Miguel López, manifestaron su desacuerdo con las objeciones del Gobierno. López declaró: “¿Hombres en embarazo? Una clase de biología para el Gobierno, por favor. El Gobierno Petro y Francia Márquez se niegan a firmar nuestra ley que beneficia a mujeres embarazadas porque dice que no incluimos a los ‘hombres embarazados’”.

Esta declaración refleja la tensión entre los promotores de la ley y la postura del Gobierno, que sostiene que la inclusión es esencial para respetar los derechos de todas las personas gestantes.

Así mismo, el Gobierno objetó la exigencia de los cuatro controles prenatales argumentando que son derechos ya garantizados y que, por lo tanto, no deberían ser una condición para acceder al kit. El Ministerio de la Igualdad enfatizó que imponer esta condición, según ella, desconoce que las personas gestantes pueden no tener acceso a servicios de salud adecuados debido a razones de vulnerabilidad o ubicación geográfica.

“Por ello, establecerlo como condición a las titulares del derecho desconoce que, de plano, estos controles son garantías ya instauradas”, declaró Francia Márquez en el documento.

Las objeciones a este proyecto de ley se suman a otras medidas recientemente objetadas por el Gobierno de Gustavo Petro. Entre ellas se incluyen el proyecto que buscaba revivir los días sin IVA y aquel que planteaba una modificación al comercio electrónico del país. La actual administración se ha enfocado en garantizar que todas las legislaciones estén alineadas con los principios de inclusión y no discriminación estipulados en la Constitución.