La organización denominada como Congreso de los Pueblos, célebre por la protesta que realizaron durante dos días en la sede de la Nunciatura de Bogotá a inicios del mes pasado, inició el martes 23 de julio una nueva caravana humanitaria, para expresar su descontento en contra de lo que sería el resurgimiento del paramilitarismo en cinco regiones del país, situación por la que están exigiendo acciones del Gobierno Nacional.
La nueva manifestación, que se estima que dure un mes y que expusieron a varios congresistas, comenzó en Bogotá, donde el resto de colectivos que los componen recibirán el acompañamiento de la Iglesia Católica y el Ministerio del Interior.
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“La caravana humanitaria por la vida, la paz y la permanencia en el territorio es una iniciativa desde los movimientos sociales organizados, el campesinado, las mujeres y otros procesos organizativos y busca escuchar a las comunidades en un momento de escalamiento del conflicto social y armado”, detalló María José Pérez, la vocera del Congreso de los Pueblos y del Coordinador Nacional Agrario.
Durante un mes, estas organizaciones sociales se encontrarán con las comunidades en cinco zonas del país: Arauca, Chocó, sur de Bolívar, Antioquia y el suroeste colombiano.
Son estas regiones donde, señaló Pérez, que ha empeorado la situación “por actores paramilitares que vienen desintegrando el tejido social, generando problemáticas, específicamente con acciones de confinamiento en las comunidades”.
El confinamiento, es decir, la restricción de libertad de pueblos enteros que pasan días o semanas sin poder ir a sus fincas o lugares de trabajo, a buscar alimentos, a la escuela o al hospital, se ha disparado en los últimos años.
Además, ha habido un incremento de las amenazas y persecución de quienes ejercen roles de liderazgo en las regiones.
“La defensa de la vida en Colombia pone muertos y muertas, específicamente los liderazgos sociales, hombres, mujeres, que han abanderado el movimiento campesino organizado, de mujeres feministas...”, añadió la vocera de la organizaión.
Los miembros de la caravana achacan parte de estos problemas a una expansión y consolidación del paramilitarismo, un fenómeno estructural en Colombia donde grupos armados actúan de la mano con poderes políticos y con fines económicos.
Según la vocera, “no se ha pensado desmontar el paramilitarismo ni la doctrina, que es lo que al final refuerza que esté en los territorios”.
Y “las comunidades específicamente son quienes lo están viviendo: los confinamientos, los desplazamientos, el asesinato de líderes sociales y lideresas importantes territoriales (...) lo que demuestra que el paramilitarismo es una expresión que se encuentra inserta en Colombia”.
Se espera que al finalizar, la caravana humanitaria elabore un informe para las autoridades y la opinión pública en el que se exponga lo encontrado en su recorrido y proponga soluciones.
Esta organización, permaneció el 4 y el 5 de junio en la sede de la Nunciatura como protesta por los mismos hechos que están denunciado en la caravana humanitaria.
Durante esa ocasión, llegaron a un acuerdo con el Gobierno Nacional para que se instalara una mesa permanente de diálogo y concertación con la que se busca lograr que tomen acciones en contra del paramilitarismo.
“A dos años de nuestra declaración de Emergencia Humanitaria, siguen asesinando a nuestros líderes y lideresas sociales y no se han cumplido acuerdos como los del Paro de la Lizama. Por este motivo, a la Movilización Nacional Por la Vida y Por la Permanencia en los Territorios, se suman las compañeras y compañeros de la RegionDosRios, de las organizaciones del nororiente colombiano, de @CiudadMovCol y del Caribe, con una toma de la vía El Burro (sic)”, publicaron esa vez en su cuenta la red social X.
Esta nueva manifestación la programaron para que concluya en Cali el próximo 23 de agosto, donde anunciaron que realizarán una audiencia pública donde darán a conocer el informe de derechos humanos que elaboraron en todos los territorios que estarían afectados por paramilitares.
(Con información de EFE)
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