La Corte Constitucional ha anulado uno de los puntos más controvertidos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Gustavo Petro, según informó el periódico colombiano El Tiempo.
La decisión de la Corte surge tras identificar vicios de trámite insubsanables en las normas que eliminaban los controles judiciales en ciertos procedimientos para la adquisición de tierras por parte del Estado, destinados a la reforma agraria.
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El tribunal examinó las disposiciones que transformaban en un proceso puramente administrativo, sin intervención judicial, procedimientos como la clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos, extinción judicial del dominio sobre tierras incultas, caducidad administrativa, condición resolutoria del subsidio, y reversión y revocatoria de titulación de baldíos.
Los parágrafos aprobados en el Congreso permitían que “los particulares que aduzcan tener derechos reales sobre los predios sometidos a los asuntos indicados, podrán ejercer únicamente la acción de nulidad agraria,” dejando sus reclamos en manos del Estado y no de una autoridad judicial, contraviniendo lo establecido en el Decreto Ley 902 de 2017 del Acuerdo de Paz.
Gustavo Petro, en su cuenta de X, se pronunció sobre la decisión, afirmando que la “Corte restringe seriamente el cumplimiento del acuerdo de Paz en su aspecto central: la reforma agraria pacífica.”
Mientras tanto, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), expresó su satisfacción con el fallo, indicando que “la Corte le fortalezca la seguridad jurídica al sector rural.”
El cambio en las normas fue denunciado en su momento por congresistas y representantes de gremios como un intento de ‘expropiación exprés’, siendo incluido a última hora durante la aprobación de numerosos artículos del PND.
La Corte concluyó que no se utilizó un mecanismo de publicidad adecuado que garantizara el conocimiento de los congresistas sobre estas normas, violando el principio de publicidad necesario para el debate y la adopción de decisiones democráticas.
La ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo concluyó que la inclusión de las normas se hizo sin el debido cumplimiento de la Ley 5 de 1992, que exige la lectura de la proposición antes de su debate y aprobación. Este fallo subrayó que “los senadores no pudieron conocer el alcance de las normas sobre las que recayó su decisión,” afectando gravemente el principio democrático.
El fallo se produce justo cuando el presidente Petro propone utilizar el mecanismo de fast-track para agilizar el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana, incluida la redistribución de tierras.
En el Consejo de Seguridad de la ONU, Petro habló de la necesidad de modificar las normas actuales para permitir una “compra administrativa exprés de tierras,” señalando que la normativa vigente “ha sido la forma como se ha impedido hacer una reforma agraria moderna.”
Desde su llegada al poder, Petro ha considerado la reforma agraria como una de las grandes banderas de su gobierno. Con la intención de cumplir el primer punto del Acuerdo de Paz de 2016, el gobierno destinó 1,2 billones de pesos en 2022 y 4 billones de pesos en 2023 para la compra de tierras para campesinos, indígenas, afrodescendientes y víctimas.
Sin embargo, el procurador Gustavo Guerrero criticó que solo se ejecutaron poco más de 401.000 millones de pesos en 2023, señalando irregularidades en contratos de la Agencia Nacional de Tierras.
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