
La Contraloría General de la República, a través de su delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, reveló una serie de irregularidades fiscales en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) tras concluir una Auditoría Financiera correspondiente a la vigencia 2023.
De los nueve hallazgos determinados, dos presentan una incidencia fiscal que asciende a $1.970 millones.
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Entre las irregularidades detectadas, se identificaron deficiencias significativas en la gestión del pago de cesantías y en el cobro de créditos hipotecarios. El ente de control informó sobre cuatro retiros fraudulentos de cesantías realizados presencialmente en el punto de atención de Barranquilla, totalizando $252,44 millones.
Estos retiros se efectuaron mediante la suplantación de identidad del consumidor, utilizando documentos falsos, lo cual pone de manifiesto fallos relevantes en los procedimientos de verificación y control del FNA.

Además, se reportaron 27 casos de retiros fraudulentos de cesantías mediante el canal virtual, ejecutados mediante la actualización indebida de datos personales. Estas transacciones no autorizadas sumaron $391,47 millones, lo que llevó a la Contraloría a solicitar la apertura de una indagación preliminar para identificar a los presuntos responsables.
La situación se agrava al considerar las deficiencias en el cobro de créditos hipotecarios. El ente de control detectó 15 obligaciones prescritas que suman $1.717 millones. Según la Contraloría, estas deficiencias se deben a la falta de ejecución de la acción cambiaria y de la cobranza judicial dentro del plazo legal de tres años. Entre los problemas identificados, se encuentra la ausencia de los títulos valor necesarios para iniciar el cobro judicial y la falta de aplicación de procedimientos establecidos para la cancelación y reposición de estos títulos.
En los hallazgos adicionales, se mencionan las debilidades en la ejecución de los procesos relacionados con la constitución, custodia y control de garantías. “A nivel general, el FNA no realizó la gestión de cobro judicial por no contar con garantías de los créditos hipotecarios señalados” explicó la Contraloría, resaltando la gravedad de las deficiencias operativas en la entidad.

De los nueve hallazgos determinados por la Contraloría, tres tienen alcance disciplinario y uno, correspondiente a los retiros fraudulentos por canal virtual, dio lugar a una indagación preliminar. Este último caso, con un valor de $391,47 millones, destaca la necesidad urgente de revisar y fortalecer los controles internos en las operaciones virtuales del Fondo Nacional del Ahorro.
En medio de este panorama, la Contraloría enfatizó en la importancia de mejorar los procedimientos de verificación y control para evitar futuras irregularidades y garantizar una gestión más rigurosa y eficiente de los fondos.
FNA enfrenta riesgos por falta de garantías en 468 créditos

La Contraloría General de la República reveló un hallazgo con implicaciones disciplinarias relacionado con las garantías de créditos hipotecarios y educativos otorgados por el Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Entre 1993 y 2023, el FNA desembolsó 468 créditos, con un saldo a capital de $21.159 millones, de los cuales no posee la totalidad de las garantías físicas. Esto incluye escrituras, pagarés y cartas de instrucciones, esenciales para la custodia y administración de estos créditos.
El informe del ente de control especifica que 464 de estas obligaciones son créditos hipotecarios y cuatro son educativos. La ausencia de estos documentos supone un riesgo significativo para la recuperación de dichos recursos, especialmente si los créditos caen en mora por más de 180 días en el caso de los hipotecarios y 90 días para los educativos. Además, esta deficiencia genera costos administrativos adicionales para el FNA, al requerir la contratación de personal para gestionar la reposición de los títulos valores perdidos.
Los auditores destacaron que esta situación es recurrente en el FNA. Aunque existe un plan de mejoramiento con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023, la auditoría concluyó que dicho plan fue inefectivo, ya que solo se ejecutaron parcialmente las mejoras planeadas. Como resultado, surgieron nuevos hallazgos con las mismas causas subyacentes.
Debido a esto, la Contraloría recomendó al FNA revisar y optimizar los procedimientos de retiros de cesantías, tanto virtuales como presenciales, y la gestión de cancelación y reposición de títulos valor. El objetivo es garantizar una administración eficaz y oportuna de los recursos públicos, previniendo así posibles perjuicios patrimoniales y asegurando la protección de los bienes del Estado.
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