Gustavo Petro Urrego firmó el decreto 0846 que regula el proceso de reincorporación para 12.081 personas que firmaron el Acuerdo Final de Paz de 2016. Este decreto establece el Sistema Nacional de Reincorporación (SNR) y el Programa de Reincorporación Integral (PRI), los cuales incorporan propuestas y visiones de diferentes organizaciones que participaron en encuentros regionales.
El decreto busca articular 40 instituciones a nivel territorial y nacional para implementar acciones y planes en lo social, político, económico y comunitario, cumpliendo con el artículo 19 de la ley 2294 del 2023 del Plan Nacional de Desarrollo, garantizando los principios de igualdad, no discriminación e integración territorial del acuerdo de paz.
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El Programa de Reincorporación Integral incluye 211 acciones diseñadas para abordar las necesidades y aspiraciones de los firmantes y sus comunidades, fomentando la ciudadanía plena y teniendo en cuenta la diversidad. Las acciones diferenciales están dirigidas a la población con discapacidad, personas mayores, mujeres, personas con pertenencia étnica y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Alejandra Miller Restrepo, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), afirmó: “Tener el decreto es un paso adelante en el proceso de reincorporación política, económica, social y comunitaria de quienes firmaron el Acuerdo Final de Paz” y añadió que el decreto facilitará una implementación ágil y articulada.
El programa también contempla responsabilidades compartidas entre el Estado y los firmantes del acuerdo de paz, implicando un rol activo de las instituciones para reducir barreras a nivel territorial y la obligación de los firmantes para avanzar en sus planes de reincorporación.
La implementación del programa de reincorporación supone un cambio institucional en la ARN, ampliando su enfoque más allá de la reincorporación social y económica individual para incluir dimensiones comunitarias y políticas, así como a familias, comunidades y colectivos.
Las garantías en este proceso son clave dada la actual situación de inseguridad de los firmantes de paz, quienes han sido víctimas de la violencia en Colombia, enfrentando amenazas y riesgos en su proceso de reincorporación a la vida civil.
Además, persiste la estigmatización y la falta de garantías de seguridad por parte del Estado, lo que ha culminado en el asesinato de varios excombatientes desde la firma del acuerdo en 2016.
Ante esta crítica situación, la Procuraduría General de la Nación exhortó al Gobierno nacional a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los firmantes de Paz que fueron desplazados del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, ubicado en zona rural de San Vicente del Caguán (Caquetá), tras recibir amenazas de grupos armados ilegales.
En comunicación enviada a la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, Gloria Cuartas, la delegada de la Procuraduría para el seguimiento al acuerdo de paz señaló que la situación presentada en Caquetá denota la urgencia de implementar y cumplir de manera efectiva las medidas de seguridad previstas en el acuerdo, entre ellas, la de “poner en marcha las disposiciones contempladas en el Plan Estratégico de Seguridad y Protección” para esta población.
Igualmente, el Ministerio Público solicitó evaluar la convocatoria de los miembros de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), “con el fin de movilizar la respuesta institucional frente a lo ocurrido en el ETCR de Miravalle”.
El requerimiento del órgano de control fue reiterado en la más reciente Mesa Técnica de Seguridad y Protección, que contó con la asistencia del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, y la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, entre otras autoridades.
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