El presidente del Senado, Iván Name, se pronunció en medio de las acusaciones vinculadas al escándalo de la ‘Sneyderpolítica’ que lo implican directamente. “Yo ya estoy montado en una cruz y crucificado. Cuando aún ni siquiera la Corte, mi juez natural, me ha llamado, ya fuimos lapidados por algunos”, expresó Name, destacando su descontento con el juicio público que ha enfrentado antes de ser llamado por la justicia.
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Las acusaciones de Sneyder Pinilla han generado un revuelo significativo en el ámbito político, con múltiples críticas hacia Name. El presidente del Congreso asegura que ya está siendo juzgado por la opinión pública sin un proceso legal formal. “En medio de esta situación, ya me han condenado sin pruebas ni juicio justo”, comentó Name.
De acuerdo con las declaraciones de Name, se siente víctima de un juicio prematuro, ya que aún no ha sido citado por la Corte, su “juez natural”. Según él, la presión mediática ha intensificado las críticas contra su persona. “Aún ni siquiera la Corte me ha llamado”, reiteró Name, apuntando a la falta de un procedimiento legal adecuado antes de ser criticado públicamente.
Iván Name y su relación con Sneyder Pinilla
El presidente del Senado, Iván Name, ha estado envuelto en una tormenta política debido a un escándalo asociado con la adquisición de carrotanques para el abastecimiento de agua en La Guajira. Los hechos que han desencadenado esta controversia giran en torno a graves acusaciones realizadas por Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En una entrevista otorgada a Semana, Pinilla confesó haber entregado 4.000 millones de pesos a Iván Name y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Este dinero procedía de un contrato para suministrar carrotanques a La Guajira. Pinilla asegura que estos fondos fueron canalizados para facilitar el trámite de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro.
La Sneyderpolítica
El exdirector de la Ungrd, Olmedo López, es el centro de un escándalo de corrupción relacionado con la adquisición de carrotanques destinados a abastecer de agua a las áreas más remotas del departamento de La Guajira. La compra de estos vehículos fue realizada mediante contratos millonarios que están bajo la lupa por presuntos sobrecostos y anomalías.
La Fiscalía reportó que en el proceso de adquisición de los carrotanques, 40 en total, se encontraron sobrecostos que ascienden a 20.000 millones de pesos. Sin embargo, el senador Jota Pe Hernández denunció que la compra real fue de 75 carrotanques, lo que incrementa la magnitud del escándalo.
La gestión de Olmedo López se puso bajo el ojo público debido a su insistencia en proceder con el contrato para la compra de los carrotanques, a pesar de múltiples advertencias sobre posibles irregularidades. López firmó un contrato con una empresa de abarrotes ubicada en una casa desocupada y en venta en Cúcuta. La Presidencia de la República procedió a denunciar penalmente al exdirector de la Ungrd, señalando su presunta responsabilidad en este caso de corrupción.
La investigación ha identificado a varias personas involucradas en este entramado. Entre ellas, Sneyder Augusto Pinilla, exsubdirector para el manejo de desastres; Víctor Andrés Meza; y Roger Alexánder Pastas, un estudiante de veterinaria que fungía como representante legal de la empresa Impoamericana Roger SAS, con la cual se formalizaron los contratos. Todos estos personajes están siendo investigados por su potencial participación en las irregularidades y sobrecostos detectados.
A fin de profundizar la investigación, la Fiscalía ha adelantado diligencias de inspección en la sede principal de la Ungrd y en las oficinas vinculadas al escándalo de los carrotanques. Según los reportes obtenidos, hay suficiente evidencia de que la empresa contratada no tenía la capacidad ni la experiencia para suministrar los carrotanques necesarios, alimentando sospechas de un esquema de corrupción bien estructurado.
El senador Jota Pe Hernández denunció las inconsistencias y la magnitud del robo al erario público. “Estamos frente a uno de los mayores escándalos de corrupción en el manejo de desastres en nuestro país”, declaró Hernández.
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