Las informaciones que darían cuenta de la influencia de Julián Bedoya, exsenador liberal y aliado del gobierno de Gustavo Petro en Antioquia, en los procesos de contratación en la Unidad de Pensiones y Parafiscales (Ugpp), con las acusaciones de manipular cuotas y contratos, de acuerdo con la investigación difundida por Cambio, generaron una fuerte reacción de la representante a la Cámara Catherine Juvinao, del partido Alianza Verde, vieja conocida del exparlamentario.
La congresista por Bogotá, y que es una de las responsables de denunciar las aparentes irregularidades en el título académico obtenido de forma exprés por Bedoya, que dijo haberse graduado de derecho de la Universidad de Medellín, ahora puso en la lupa en este supuesto entramado: en el que manejaría los hilos del organismo estatal, adscrito al Ministerio de Hacienda, y un presupuesto anual de 289.000 millones de pesos.
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Las irregularidades, de acuerdo con la denuncia periodística, se estarían llevando a cabo a través de Luciano Grisales: actual director de la Ugpp y primera figura política en ocupar el cargo desde la creación de la entidad en 2014, bajo la administración del entonces presidente Juan Manuel Santos. La llegada de Grisales, que ha sido representante por Quindío del Partido Liberal y estuvo en consideración para liderar el Fondo Nacional del Ahorro, se atribuye directamente a Bedoya.
Desde principios del 2024 se habrían firmado contratos millonarios sin seguir los procedimientos de licitación que garantizan la libre competencia. Entre los contratos cuestionables, se menciona uno de 170 mil millones de pesos, y otro de $69.000 millones, ambos con presuntas irregularidades.
De hecho, varios cargos al interior de la entidad serían ocupados por personas cercanas a Bedoya, aunque carecían de experiencia. Este es el caso de Jorge Alberto Isaza, que se desempeña como asesor de despacho de Grisales; Edwin Muñoz, director de Gestión de Tecnología; y Marelbi Pela, directora de Soporte y Desarrollo Organizacional. Además, Alexander Flórez fue nombrado director de pensiones, y Juan Pablo Duque y José Fernando Tobón asumieron como director y subdirector de parafiscales, respectivamente.
Según Cambio, Bedoya también ha tenido una influencia significativa en otros nombramientos dentro del Gobierno. Por ejemplo, impulsó la hoja de vida de la actual ministra de Vivienda, Catalina Velasco, que ya había trabajado previamente con el presidente Petro.
¿Qué dijo Catherine Juvinao sobre el caso de Julián Bedoya?
Ante esta delicada denuncia, Juvinao se pronunció en su pefil de X y, entre chiste y chanza, se refirió al caso de Bedoya: al que le recordó su cuestionado pasado no solo por el mencionado episodio de su título, que fue demandado y derogado, sino también por su cercanía a Petro y las prebendas que estaría recibiendo por parte del Ejecutivo. No en vano, el exsenador fue considerado una ficha clave para el proyecto progresista en Antioquia, por su potente maquinaria política.
“Ayer burlándonos de Julián Bedoya (por el día del abogado) y hoy nos enteramos que (sic) el Gobierno del ‘cambio’ le entregó la Ugpp y el Icfes, en las que ahora afloran múltiples irregularidades. El que aún le crea a este gobierno su carreta anticorrupción simplemente no quiere ver”, indicó la mujer, que no ocultó su decepción con respecto a las actuaciones en las que estaría incurriendo el Estado para, al parecer, complacer a sus cuotas burocráticas.
La Ugpp desempeña un papel crucial en el cumplimiento de las obligaciones para con los empleados, por lo que cualquier desviación de sus funciones afectaría tanto a los trabajadores como a la credibilidad del organismo. Lo más preocupante, según expertos, es que ha sido tradicionalmente una entidad técnica; sin embargo, la llegada de directivos con vínculos políticos pone en duda el cumplimiento de sus funciones sin interferencias externas.
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