
Cauca sigue siendo escenario de violencia contra líderes sociales, con 15 homicidios en lo que va de 2024, cinco de los cuales fueron cometidos contra dirigentes indígenas. La investigadora del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Juana Cabezas, atribuye esta situación a la complejidad del conflicto y tensiones entre organizaciones ilegales en la zona.
“Los grupos armados tienen un control social importante que está ligado a los procesos comunitarios que realizan las personas y la violencia es una forma de coartarlos”, explicó.
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En todo el territorio nacional, las cifras son desalentadoras: en el primer semestre del año se han registrado 81 homicidios de líderes sociales, según Indepaz. A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional por entablar diálogos con diferentes grupos armados, los defensores comunitarios continúan siendo blanco de amenazas y violencia, una tendencia que parece difícil de revertir.
Antioquia también enfrenta una situación crítica con 13 defensores fallecidos. En este departamento confluyen diversas problemáticas sociales y es el liderazgo ambiental uno de los más perseguidos en zonas rurales debido a temas relacionados con la minería ilegal y el procesamiento de cocaína.
“En el noreste antioqueño, frontera con Córdoba y Montes de María, hay problemas por tierras, además de enfrentamientos entre paramilitares y guerrilla, por lo que algunos dirigentes que están en pro de la restitución de tierras son amenazados y asesinados”, afirmó Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica.
Iván Carvajal también señaló que “no todos los líderes son perseguidos por los mismos actores. En el caso de los voceros de comunidades indígenas y campesinas, son expuestos a recibir ataques de guerrillas debido a que se presentan en reuniones, hablan en los medios o son convocados por entidades”.

Además, recalcó que, “existen quienes defienden banderas negativas. Hay personas que están a favor de la minería ilegal o la siembra de coca, no por esto dejan de ser líderes, estos también pueden ser perseguidos porque existen tensiones, es más, algunos son amenazados y asesinados por comunidades debido a cruces de intereses y otros fallecen en riñas o enfrentamientos. No existe una sola causa para estos crímenes”.
El Valle del Cauca no ha escapado de la violencia contra líderes sociales; según Indepaz, 11 defensores han sido asesinados en lo que va del año. Los expertos señalan una variedad de causas detrás de estos homicidios. Para Juana Cabezas, la conexión del departamento con el norte del Cauca es uno de los motivos principales de la violencia en el sur del Valle del Cauca. Además, “el espacio siempre ha sido un centro logístico y corredor delincuencial”, explicó.
¿Hay solución?
Carvajal opina que las capacidades del Estado no están a la altura de la gravedad de la problemática. “La Unidad Nacional de Protección, UNP, se dedicó a proteger a gente que no lo necesita como burócratas que no requieren carros blindados, mientras hay gente en los territorios que está amenazada y entre varias personas les toca compartir un chaleco, un teléfono y si están de buenas les asignan un vehículo que también les toca compartir para atender sus actividades”, afirmó el especialista.

Este desequilibrio, según los analistas, ha impedido que algunos defensores que enfrentan amenazas de grupos ilegales sean priorizados. Para cambiar esta situación, es crucial fortalecer la UNP. También se debe coordinar estrechamente con las entidades locales para implementar rutas de protección más seguras y proporcionar a los municipios los recursos necesarios para prevenir más muertes.
“En ocasiones es necesario trasladar a una familia entera de ciudad para salvar sus vidas, pero los municipios carecen de los recursos para pasajes o alojamiento y, mientras esperan ayuda en los territorios, son asesinados”, concluyó Carvajal.
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