Alfonso Plazas Vega, coronel retirado del Ejército Nacional que fue finalmente absuelto por la Corte Suprema, tras haber sido condenado a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada, durante la retoma del Palacio de Justicia, anunció que emprenderá acciones legales contra el Estado, con lo que pretende una millonaria indemnización por los cerca de ocho años que estuvo detenido en este proceso.
Según la información divulgada por Blu Radio, Plazas Vega, que el 16 de diciembre de 2015 fue librado de toda responsabilidad en la desaparición de doce personas, durante la operación que buscó de forma infructuosa el control del establecimiento judicial, en la noche del 6 y día del 7 de noviembre de 1985, quiere una compensación económica por los daños morales que sufrió durante los años de prisión.
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Según reseñó el medio citado, el abogado del exalto oficial de la institución castrense, Jaime Granados, expuso en un total de 119 páginas las presuntas irregularidades cometidas por los órganos de investigación judicial, entre ellos la Fiscalía General de la Nación, en un proceso en el que Plazas Vega – que ofició como director de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes – no pudo gozar de uno de sus derechos.
“Corolario de todo lo anterior, le solicito honorable magistrada declarar la responsabilidad extracontractual de las demandadas Fiscalía General y Nación/Rama Judicial por la detención ilegal, injusta, arbitraria y/o desproporcionada que durante 8 años y 5 meses soportó Luis Alfonso Plazas Vega”, se leyó en la petición elevada por el letrado Granados, que generó reacciones encontradas en redes sociales.
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Los argumentos de la defensa del coronel (r) Plazas Vega
En su argumentación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como parte del monto de la reparación exigida, el apoderado del coronel (r) indicó que, a partir de la ausencia de Plazas Vega como cabeza del núcleo familiar, sus seres queridos tuvieron dificultades para su día a día. En otras palabras: todos los integrantes de su hogar dependían, de alguna forma u otra, del militar en uso de buen retiro.
“Su familia, soportó su ausencia, disminuyó y casi anuló su patrimonio destinándolo a su subsistencia que para entonces dependía en gran medida de él, dispuso los recursos necesarios para su defensa, sufrió la tristeza, la ansiedad y el estrés inexorablemente derivados de la privación de la libertad de un ser querido”, acotó el abogado Granados para soportar sus reclamaciones.
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Plazas Vega, de 79 años, confía – según se leyó en el medio referido como fuente de información - en que el proceso se resuelva de forma favorable a partir del segundo semestre de 2024. “Emitir las condenas económicas en los montos, por los rubros y a las personas mencionadas en la subsanación de la demanda y en el acta de audiencia inicial”, remarcó el abogado del militar.
Es válido destacar que la orden de incursionar con vehículos de artillería pesada al interior del Palacio de Justicia fue ejecutada por Plazas Vega, en aquel entonces comandante de la Escuela de Caballería en Bogotá, en el acto en el que se hizo tristemente célebre por la frase: “Mantener la democracia, maestro”, con la que fue recordado por su accionar en aquella cruenta jornada.
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El exuniformado fue condenado el 9 de junio de 2010 a 30 años de prisión, en una decisión inicial que fue revocada por la Corte. Entre quienes lamentaron la determinación en esa época se destacó el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, que cuestionó cómo, según él, “de los actores criminales ninguno está en la cárcel”, al punto que destacó que Plazas “lo único que hizo fue cumplir con su deber”.
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