
La defensa de Álvaro Leyva Durán solicitó a la Procuraduría incorporar un importante informe de la Fiscalía General de la Nación en el expediente del caso que se sigue contra el excanciller por presuntas irregularidades en la licitación del contrato de pasaportes.
Según el abogado Yefferson Dueñas, este documento contiene indicios de inconsistencias que podrían reforzar los argumentos esgrimidos por la defensa a lo largo del juicio.
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Con base en la información publicada por diversos medios, Dueñas explica que el informe fiscal evidencia problemas en la licitación, tales como plazos de entrega casi imposibles de cumplir sin haber comenzado la ejecución del contrato. “Los funcionarios de la Cancillería no hicieron un estudio de mercado en el que se analizaran a los proponentes nacionales o extranjeros y sus características”, señala el documento al que tuvo acceso el abogado.
En la licitación de pasaportes del año 2023 resultó ganador un único oferente, la unión temporal Thomas Greg & Sons. Sin embargo, el documento del ente acusador, elaborado por expertos en contratación, plantea dudas sobre la transparencia y legalidad del proceso.

Este documento sugiere que la oferta presentada carecía de competencia, lo que podría haber infringido las normativas que buscan propiciar un proceso de contratación justo y competitivo. En situaciones donde solo hay un oferente, es crucial examinar si se garantizó una participación equitativa y si se cumplieron todos los requisitos legales.
El proceso se realizó el año pasado y, de acuerdo con los detalles del informe, existía preocupación desde diferentes sectores sobre la manera en que se llevó a cabo la adjudicación. La unión temporal Thomas Greg & Sons, que se convirtió en el único postor, aparentemente no enfrentó desafíos durante el proceso de selección, lo que levanta más interrogantes sobre la imparcialidad del concurso.

El informe, según Dueñas, no muestra que se haya realizado un adecuado análisis del mercado ni de las capacidades de cumplimiento de los proponentes en tales plazos. El periodo de dos meses para la entrega de la muestra se considera prácticamente inalcanzable para cualquier oferente que no tuviera ya un contrato en ejecución. “El plazo de dos (2) meses para el periodo de implementación era casi imposible de cumplir para un proponente que no estuviera ejecutando el contrato”, cita el documento presentado por la defensa.
La solicitud de adicionar el informe se basa en su relevancia para entender las posibles irregularidades en la Licitación Pública LP-001 de 2023, coincidiendo esta con las tesis presentadas por la defensa de Leyva Durán. “Por ello, se hace necesario adelantar un riguroso estudio del documento de cara a corroborar la tesis manejada por la Fiscalía General de la Nación”, declaró Dueñas.
La defensa del excanciller argumenta que este informe es una prueba sobreviniente, dado que no estaba previamente disponible, y considera esencial que la Procuraduría la acepte antes de la próxima audiencia de alegatos de conclusión, programada para el 18 de junio. Leyva Durán asistirá por primera vez a la Procuraduría en esta fecha para exponer su postura respecto al caso de los pasaportes.

“El Informe del grupo de expertos de la Fiscalía General de la Nación [...] se erige en una prueba sobreviniente en el proceso disciplinario que se adelanta en contra del doctor Álvaro Leyva Durán”, concluye la petición del letrado.
Según las notas periodísticas consultadas, el informe fiscal señala que, entre las presuntas inconsistencias detectadas, el plazo para la entrega de las muestras fue fijado de manera que solo podría ser cumplido eficientemente por una compañía ya operando con ventaja en el contrato. Esta falta de estudios previos y de análisis adecuados por parte de la Cancillería es uno de los puntos claves que subraya el informe.
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