La Procuraduría General de la Nación solicitó al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (Ipse) que revocara una licitación controversial. Esta situación puso en descubierto potenciales irregularidades en el contrato, cuyo valor asciende a 52.661 millones de pesos.
El proyecto tiene como meta principal mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales dispersas en el municipio de Manaure, ubicado en el departamento de La Guajira, a través de la construcción e implementación de proyectos energéticos sostenibles. La licitación se enfoca en ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica, permitiendo que estas áreas remotas, que hasta ahora han estado sin acceso a electricidad, puedan contar con este recurso básico fundamental.
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El Ministerio Público señaló que el concurso presentó problemas que afectan la transparencia del proceso. Por ejemplo, existe una falta de consulta previa y varias inconsistencias en el diseño y cálculo del indicador de capital de trabajo. Además, se cuestionó el puntaje entregado por experiencia en el sector, insinuando posibles errores y corrupción en el proceso de adjudicación.
“Para el Ministerio Público no se soporta válidamente en los documentos del proceso, la forma como la entidad estableció un requisito habilitante de orden financiero correspondiente a capital de trabajo en un porcentaje del 60%”, explicó Marcio Melgosa Torrado, procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.
Este criterio financiero podría excluir a varias empresas del concurso, ya que el pliego solicita que tengan más de 30.000 millones de pesos como capital de trabajo necesario para iniciar el proyecto.
El análisis del sector realizado por el Ipse al abrir la convocatoria tampoco justifica la exigencia del 60% del costo del contrato como capital de trabajo. “Lo anterior resulta incongruente para esta delegada, toda vez que como se indica en el análisis del sector elaborado por la entidad, este indicador estaría en el rango de los datos atípicos por estar por encima de VEINTICINCO MIL MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 25.364.000.000), es decir, superior al indicador dispuesto en el análisis elaborado”, señaló el Ministerio Público.
En particular, la experiencia no debería ser ponderada sino un requisito habilitante en el marco de una licitación. “En efecto, los principios rectores de la contratación pública le imponen a la administración el deber de establecer los requisitos habilitantes que objetivamente permitan garantizar el cumplimiento del contrato, sin que le sea permitido imponer requisitos o condiciones excesivas que impidan garantizar una debida pluralidad de oferentes; asimismo, le imponen el deber a la Administración de actuar con observancia a la Constitución y la ley bajo el principio de responsabilidad en materia de contratación estatal”, se lee en el documento dirigido al Ipse.
Por último, el Ministerio Público destacó la posibilidad que tiene el Ipse de revocar el acto de apertura de la licitación para adaptar su actividad contractual a los principios orientadores de la contratación pública. “En mérito de lo expuesto, este ente de control le recuerda, en virtud de la competencia contenida en el artículo 11 de la Resolución 480 de 2020, la posibilidad que tiene el INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE, en consideración además de jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, de revocar el acto de apertura, con el fin de adecuar su actividad contractual a los principios orientadores de la contratación pública”, concluye el documento.
Por ahora, la única salida viable, según el Ministerio Público, es la revocatoria de la licitación, debido a que las debilidades señaladas no pueden ser ajustadas en su estado actual.
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