Grupo de falsos estudiantes acusados de terrorismo habría recibido financiación de organizaciones armadas ilegales

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que existen indicios de que la organización autodenominada PPP (Brigada Clandestina para el Pueblo y por el Pueblo), recientemente desarticulada por las autoridades, habría recibido financiación de grupos armados ilegales con presencia nacional.

La advertencia se da tras la captura de once presuntos integrantes de esta estructura, señalados por la Fiscalía de cometer actos de terrorismo urbano y vandalismo sistemático en la capital, principalmente en entornos universitarios.

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“Tenemos indicios que apuntan a que es una financiación que viene de fuera de Bogotá. Hay un canal que se está investigando, a través del cual llegarían desde Medellín recursos para sus actividades en la ciudad”, afirmó Galán en entrevista con el medio Blu Radio, al referirse a los avances de la investigación adelantada por la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el mandatario, las indagaciones se remontan a mediados de 2023, cuando durante disturbios en inmediaciones de una universidad pública un uniformado fue atacado con un artefacto explosivo, hecho que lo dejó en estado vegetativo.

“En ese caso la Policía y la Fiscalía capturaron rápidamente a dos responsables que hoy están presos, pero ellos hacían parte de un grupo más amplio de actores criminales que realizaban actividades violentas alrededor de las universidades”, explicó.

Galán señaló que, al asumir la Alcaldía, solicitó priorizar esta investigación ante la reiteración de hechos violentos durante jornadas de protesta.

“La ciudadanía nos pedía cuándo íbamos a capturar a los violentos que infiltran las protestas y terminan poniendo en riesgo a policías, gestores y ciudadanos, lanzando bombas incendiarias a buses de TransMilenio o secuestrando vehículos del sistema para incendiarlos”, dijo.

El alcalde también desmintió que los capturados fueran estudiantes universitarios. “La información que me transmitió la Policía es que no son estudiantes de universidades públicas. Independientemente de cualquier otra actividad que realicen, quien comete delitos tiene que responder por ellos”, sostuvo.

Sobre los posibles vínculos con organizaciones armadas ilegales, Galán reconoció que existen líneas de investigación abiertas.

“Hay indicios que apuntan a financiación de grupos armados ilegales del orden nacional que estarían promoviendo este tipo de actividades en Bogotá para generar terrorismo y afectar el orden público. Se habla tanto del ELN como de disidencias, pero será la justicia la que determine si esos vínculos se comprueban”, señaló.

La reciente captura de los once presuntos integrantes de los PPP dejó al descubierto el nivel de organización y sofisticación de esta célula urbana, que según las autoridades habría ejecutado al menos 28 acciones violentas entre 2024 y 2025.

Los ataques, dirigidos contra la fuerza pública y el sistema de transporte, buscaban generar impacto político y social mediante hechos de alto riesgo para la ciudadanía.

El análisis de los organismos de seguridad advierte que la visibilidad de estos actos era clave para mantener el respaldo de redes externas de apoyo.

En informes oficiales se mencionan antecedentes históricos de flujos de recursos provenientes de países como Francia, Alemania y Cuba, lo que refuerza la hipótesis de que estas estructuras requieren acciones de alto impacto para sostener su relevancia y financiación.

La investigación, liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá, se extendió por más de un año e incluyó el análisis de más de 4.000 horas de material audiovisual, la interceptación de cerca de 50 líneas telefónicas, 18 entrevistas a testigos y víctimas, 18 noticias criminales, seis declaraciones juradas, la revisión de perfiles en redes sociales y el trabajo de un agente encubierto.

Las capturas se realizaron tras tres allanamientos en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal.

Según los expedientes judiciales, los PPP ingresaban a universidades públicas con carnés falsificados para hacerse pasar por estudiantes. Una vez dentro, establecían puntos de encuentro y zonas de cambio de ropa, donde utilizaban overoles, capuchas y máscaras para evitar su identificación.

Allí fabricaban de manera artesanal papas bomba y bombas molotov que luego eran utilizadas en ataques contra estaciones de Transmilenio, buses del Sitp, patrullas policiales y vehículos oficiales.