El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo defendió vehementemente la reforma tributaria que lideró durante su periodo como jefe de cartera y que ahora es objeto de controversia.
En una reciente intervención, el actual presidente, Gustavo Petro, criticó la reforma, señalando que fue un error que contribuyó al desfinanciamiento del país.
Según Petro, en febrero de 2023 se expidió un decreto que aumentó considerablemente los anticipos de renta y la retención en la fuente, lo cual calificó como un movimiento “mortal”.
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Ocampo, en defensa de su trabajo, argumenta que la reforma fue ampliamente discutida y negociada con diversos sectores políticos y empresariales del país.
“Este fue un proyecto ampliamente discutido con diferentes sectores del país y, además, tiene efectos progresivos en materia de recaudo de impuestos”, subrayó, haciendo énfasis en que fue una reforma diseñada para ser justa y eficiente.
Según el exministro, el proyecto fue debatido extensamente y negociado con todos los actores relevantes, lo que reforzó su convicción de que se trató de una “excelente reforma”.
La polémica surge en un contexto de reestructuración fiscal, en el que el Gobierno se ve obligado a realizar un recorte significativo en el presupuesto, cifrado en 20 billones de pesos. Ocampo atribuye los problemas actuales de flujo de caja, no a la reforma tributaria, sino a la falta de gestión de la ley de litigios y a una decisión del órgano judicial del país.
“Desde el punto de vista de caja, sí hay un efecto que tiene que, digamos, solucionarse, pero mucho más importante en materia de recaudo son dos temas: la falta de trámite de la ley de litigios por diez billones de pesos y la decisión de la Corte Constitucional”.
La decisión mencionada por Ocampo, calificada por él como “absurda”, se refiere cuando la Corte Constitucional determinó que las regalías no generaban un costo fiscal para las empresas de hidrocarburos, lo que según el exministro, añadió un costo fiscal de casi siete billones de pesos adicionales.
“La decisión de la Corte Constitucional de determinar que los recursos que ya se habían recaudado por regalías no generaban un costo fiscal fue un costo fiscal de casi siete billones de pesos adicionales”, fueron las palabras exactas de Ocampo.
En cuanto a las medidas propuestas para abordar el déficit fiscal, Ocampo manifestó su desacuerdo con la implementación de un plan forzoso de inversión.
Esta propuesta busca que los bancos canalicen recursos hacia proyectos de infraestructura, salud, energías renovables y educación. “Hay muchos otros mecanismos que se pueden utilizar. De hecho, digamos, el Grupo Bicentenario, que tiene todas las entidades del sector público, puede ser utilizado muy activamente”, explicó, sugiriendo alternativas más viables.
Finalmente, Ocampo se posicionó respecto a posibles modificaciones en la regla fiscal. A pesar de mostrarse generalmente en contra de cambios sustanciales, apoyó la idea de adelantar la vigencia de 2026 a 2025 para brindar mayor flexibilidad fiscal. “Adelantar la vigencia al 2025 da un poco de flexibilidad, con ese elemento sí estoy de acuerdo”, concluyó.
El presidente contra la reforma
En medio de la 58° Convención Bancaria en Cartagena, el presidente Gustavo Petro anunció la nueva determinación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la suspensión en la emisión de nuevos Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP). Esta medida resultó en un recorte presupuestal para varios ministerios mientras se establecen prioridades en proyectos del Gobierno.
Petro explicó que la decisión se debió a un error del Gobierno, en relación con un decreto emitido en febrero de 2023 tras la aprobación de la reforma tributaria. El objetivo del decreto era mostrar la reforma como exitosa al incrementar los anticipos de renta y la retención en la fuente.
Petro admitió: “Hubo un error del Gobierno. La Corte Constitucional tiene razón en eso. Febrero del año 2023, recién aprobada la reforma tributaria, en el intento de mostrar una reforma tributaria exitosa, es decir, que recaudaban más; se expidió un decreto que aumentó sustancialmente los anticipos de renta y la retención en la fuente. ¡Mortal!”,
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